SABÁ, Colón. El deterioro progresivo del primer edificio donde funcionó la alcaldía municipal de Sabá no es solo una postal de abandono: es el reflejo de una grave falta de visión histórica e institucional frente a un bien que, por su valor simbólico y patrimonial, está protegido por la legislación hondureña.
La edificación, hoy sin puertas, ventanas ni buena parte de su techumbre, fue durante décadas el corazón administrativo del municipio. Desde allí se tomaron decisiones que marcaron el rumbo político, social y económico de Sabá. Sin embargo, tras la construcción de un nuevo edificio municipal, la antigua sede quedó relegada al olvido, pese a que Antropología e Historia no autoriza su demolición por su valor histórico.
Lejos de resguardarlo, las autoridades locales —según denuncias ciudadanas— han permitido el desmantelamiento paulatino del inmueble. Láminas, estructuras y accesorios han sido retirados, acelerando su deterioro y creando una narrativa peligrosa: presentar el abandono como argumento para justificar su eventual destrucción, incluso planteando en cabildo abierto la posibilidad de botarlo.
Este edificio, hoy reducido al abandono, forma parte del patrimonio histórico de Sabá. Construido en la década de los años 50 con paredes anchas de adobe de tierra, el inmueble refleja una etapa clave del desarrollo urbano y social del municipio. Antes de convertirse en la casa del pueblo y sede de la Municipalidad, funcionó como bar, un espacio que también fue punto de encuentro en la vida cotidiana de la época.
Su transformación posterior en edificio municipal marcó un antes y un después en la institucionalidad local, convirtiéndolo en un símbolo del Sabá de mediados del siglo XX. Las imágenes que hoy circulan contrastan con el recuerdo de cómo lucía aún en 1992, cuando conservaba su estructura y funcionalidad original.
Desde una perspectiva antropológica e histórica, esta situación resulta alarmante. En Honduras, el patrimonio cultural no se limita a grandes ruinas prehispánicas o edificios coloniales monumentales. También lo conforman los espacios donde se construyó la vida institucional de los pueblos. En ese sentido, este edificio es un archivo vivo de la memoria colectiva de Sabá.
La Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación es clara: todo bien inmueble con valor histórico, arquitectónico o simbólico está bajo tutela del Estado, y ninguna autoridad municipal puede disponer de él sin autorización del ente competente, en este caso el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. La misma normativa obliga no solo a no destruir, sino a proteger, conservar y promover estos bienes.
En otros municipios del país —y en numerosas ciudades de América Latina— antiguos edificios municipales han sido convertidos en museos, casas de la cultura, bibliotecas, centros comunitarios o espacios de memoria histórica, integrándolos al desarrollo urbano sin borrar el pasado. Eso es progreso con identidad.
En Sabá, en cambio, se corre el riesgo de confundir progreso con borrón y cuenta nueva, una visión reducida que desconoce que los pueblos que destruyen su historia terminan perdiendo también su sentido de pertenencia.
La discusión no debería ser si se bota o no el edificio, sino qué se hará para rescatarlo. Restaurarlo no es un capricho romántico: es una inversión cultural, educativa y turística. Es cumplir la ley. Y, sobre todo, es respetar la historia de un pueblo que merece avanzar sin renunciar a sus raíces.
Destruirlo sería fácil. Defenderlo exige conocimiento, voluntad política y amor por Sabá.
