La renuncia de Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, a su diputación en el Congreso Nacional tras ser vinculado con narcotraficantes plantea serias dudas sobre el rumbo de la política en Honduras. Este movimiento, que se realizó con inusual celeridad tras un cambio de discurso por parte del propio Zelaya, deja en el aire varias interrogantes que merecen una reflexión profunda.
¿Es suficiente una renuncia para limpiar un nombre manchado por graves acusaciones? ¿Qué mensaje se envía a la ciudadanía cuando un funcionario público señalado en casos de corrupción o narcotráfico opta por dimitir en lugar de enfrentar las consecuencias legales de sus acciones? La salida de Zelaya parece, más bien, una maniobra para eludir la justicia y cerrar las puertas a una investigación que podría desenmarañar un entramado aún más profundo de corrupción.
El caso de Carlos Zelaya no es aislado. Su hijo, el exministro de Defensa José Manuel Zelaya, también dimitió en medio de señalamientos similares. Este patrón de comportamiento sugiere que en el entorno cercano a la presidencia, la renuncia se ha convertido en una suerte de “solución mágica” para problemas que, en realidad, requieren de una exhaustiva investigación y de un compromiso serio con la transparencia.
En una democracia saludable, la renuncia de un funcionario implicado en un escándalo debería ser solo el comienzo de un proceso de rendición de cuentas. Sin embargo, en Honduras, parece que la dimisión es vista como un fin en sí mismo, una forma de esquivar la justicia y poner punto final a cualquier indagación. Esto no solo es un error estratégico para el gobierno, sino también una traición a la confianza pública.
Lo preocupante es que, si este tipo de estrategias siguen siendo aceptadas, se corre el riesgo de institucionalizar la impunidad. La sociedad hondureña merece algo más que renuncias anunciadas con bombos y platillos; merece un sistema político en el que los corruptos sean juzgados y sancionados, y en el que la transparencia y la integridad sean valores fundamentales.
Es imperativo que la renuncia de Carlos Zelaya no cierre la puerta a la investigación de sus posibles vínculos con el narcotráfico. La justicia no puede ni debe detenerse por un simple acto administrativo. El gobierno de Xiomara Castro tiene la responsabilidad de demostrar que no protegerá a los suyos si estos han actuado fuera de la ley. De lo contrario, el fango de la corrupción continuará ensuciando a la nación entera.