El gobierno de Estados Unidos ha confirmado la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos hondureños, una medida que entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal.
Esta decisión deja en incertidumbre a más de 70,000 hondureños que actualmente residen legalmente bajo este programa.
El TPS otorgaba autorización temporal para residir y trabajar en EE. UU. a hondureños que llegaron al país tras los estragos causados por el huracán Mitch en 1998.
Con su cancelación, los beneficiarios deberán encontrar otra vía migratoria regular para permanecer legalmente, o de lo contrario, enfrentarse a la posibilidad de deportación.
Según analistas, esta medida no solo tiene implicaciones legales y familiares, sino también sociales y económicas. Muchos de los hondureños bajo TPS han vivido en EE. UU. por más de dos décadas, han formado familias, pagan impuestos y contribuyen activamente a sus comunidades.
La noticia ha causado consternación entre organizaciones migrantes y defensores de derechos humanos, quienes consideran la medida como un retroceso en la política de protección humanitaria.
Por su parte, el gobierno hondureño ha dicho que hará gestiones diplomáticas urgentes para buscar una salida favorable, aunque no está claro si existe margen político para revertir o extender el programa en el actual ambiente estadounidense.
Mientras tanto, los hondureños bajo TPS enfrentan una carrera contra el tiempo: tienen apenas 60 días para evaluar alternativas legales, una tarea compleja y costosa para muchos. El futuro de miles de familias, tanto en EE. UU. como en Honduras, está ahora más incierto que nunca.
