La Administración estadounidense de Donald Trump impuso este viernes 18 de abril de 2025 restricciones de visa a 250 altos funcionarios de la dictadura en Nicaragua, según anunció el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.
En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense detalló que “con este nuevo conjunto de restricciones, el Gobierno de los Estados Unidos ha impuesto a la fecha (abril de 2025) restricciones de visa a más de 2000 funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha privado al pueblo de Nicaragua de sus libertades fundamentales y han forzado a tantos al exilio”.
Las anteriores restricciones de visas han afectado a personal cercano a la pareja dictatorial, miembros de la Asamblea Nacional, fiscales, altos oficiales de policías, alcaldes, jueces y algunos de sus familiares.
“A siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y Murillo contra manifestantes, reflexionamos sobre su valentía y deseos de vivir en una Nicaragua libre de tiranía”, sostuvo Rubio.
“Los Estados Unidos —continuó— no toleraremos los sistemáticos ataques de Ortega y Murillo contra Nicaragua”.
En su declaración, Rubio explica que las restricciones de visas se toman “de conformidad con la Proclamación Presidencial 10309, que suspende la entrada a los Estados Unidos, como migrantes o no-inmigrantes, a miembros del Gobierno de Nicaragua y otros individuos que formulan, ejecutan o se benefician de las políticas y acciones que socavan las instituciones democráticas”.
Estados Unidos impuso las primeras restricciones de visas en junio de 2018, en respuesta a la masacre orteguista contra las protestas cívicas de la Rebelión de Abril. El Departamento de Estado indicó que establecería una serie de restricciones de visas “contra personas involucradas en abusos contra los derechos humanos o que socavan la democracia en Nicaragua”.
La Administración estadounidense no especificó, en esa ocasión, el número de funcionarios afectados. Solo informó que se les restringió la visa a “oficiales de la Policía Nacional, funcionarios del gobierno municipal y del Ministerio de Salud”.
La restricción era “específicamente” para aquellos que “dirigen o supervisan la violencia” contra los nicaragüenses que “ejercen sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión”.
