La Unión, Olancho – Este fin de semana, en la comunidad de La Unión, Olancho, Vecinos de distintas aldeas se reunieron para alzar su voz ante lo que consideran un desalojo injusto e inhumano por parte del gobierno.
“Nos bombardearon las casas, destruyeron las carreteras y quemaron nuestros cultivos. Vivimos aquí desde 1965 y ahora nos quieren sacar como si fuéramos intrusos”, expresó con evidente enojo Santos Munguía, un residente de la aldea El Chaparral.
El desalojo afectó a unas 20 familias en El Chaparral, pero no es un caso aislado. En la aldea de Los Encuentros, Amilcar Murillo relató cómo más de 60 familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares.
“Jamás imaginé que nos sacarían de esa forma. No podemos regresar a nuestras propiedades porque la zona está militarizada. Han destruido nuestras casas y las carreteras. Estamos ennla calle”, declaró Murillo con frustración.
Otra comunidad afectada es Terrero Blanco, donde más de 10 familias también fueron desalojadas. La situación se agrava, ya que se teme que más de 1,000 familias en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Muralla podrían enfrentar la misma suerte.
Dolores Almendares, alcaldesa de La Unión, Olancho, expresó su preocupación por la forma en que se están llevando a cabo estos desalojos. “Entendemos la necesidad de proteger el medio ambiente, pero no es justo cómo han tratado a estas familias. No viven en la zona núcleo, sino en la zona de amortiguamiento. Se merecen un trato más humano”, afirmó la alcaldesa.
En total, alrededor de 1,400 familias están en riesgo de ser desalojadas, lo que ha generado una profunda inquietud entre los pobladores.
Durante la reunión en La Unión, Juan Martínez, uno de los afectados, hizo un llamado desesperado a la presidenta Xiomara Castro. “No nos oponemos al desalojo, pero pedimos que nos ayuden a reubicarnos. Estamos en la calle con nuestras familias, nuestros hijos están sufriendo”, imploró.
La situación es crítica. Más de 40,000 personas podrían verse desplazadas si los desalojos continúan. Los pobladores, que han habitado estas tierras durante décadas, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, sin un lugar seguro al que acudir. La comunidad espera que sus voces sean escuchadas y que se les ofrezca una solución justa y digna.
