El Fiscal General de Honduras, Johel Antonio Zelaya, ha desatado controversia con sus recientes declaraciones sobre el escándalo del narcovideo que involucra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro. En lugar de abordar el tema con claridad y compromiso, el funcionario ha calificado la insistencia de la prensa como un asunto político, restando importancia a la necesidad de esclarecer un caso de alto impacto para la transparencia y la justicia en el país.
Zelaya argumentó que el hecho ocurrió en 2013 y que “no es fácil descubrir la verdad”, una justificación que deja más dudas que respuestas. Su postura evasiva refuerza la percepción de que el Ministerio Público (MP) sigue siendo un instrumento condicionado por intereses políticos y no una entidad autónoma que persiga el delito sin distinción.
El Tribunal Superior de Cuentas: un “elefante blanco”
En un intento por desviar la atención del escándalo, el Fiscal General lanzó duras críticas contra el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a quien calificó como un “elefante blanco” que ha drenado recursos del país y ha servido para persecuciones políticas. Sus declaraciones, aunque señalan deficiencias reales en el sistema de control del Estado, parecen más una estrategia de distracción que un verdadero compromiso por combatir la corrupción estructural en Honduras.
El miércoles, Zelaya y el coordinador de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, se reunieron con la magistrada Itzel Palacios, pero los otros dos magistrados del TSC no estuvieron presentes. Este hecho evidencia la falta de cohesión entre las instituciones que deberían velar por la rendición de cuentas y la transparencia.
Extradición y crimen de Juan López: más preguntas que respuestas
Consultado sobre el fin del tratado de extradición, Zelaya se limitó a decir que el tema no compete al Ministerio Público, una respuesta que deja sin aclarar cuál será la postura de la institución en casos de criminalidad transnacional.
Sobre el asesinato del ambientalista Juan Antonio López, aseguró que el MP sigue investigando y que se enviaron dispositivos electrónicos a Estados Unidos y Costa Rica para análisis. Sin embargo, hasta la fecha, no se han presentado avances en la identificación de los autores intelectuales del crimen.
Año electoral y blindaje político
El Fiscal General también anticipó que tanto él como el MP serán objeto de ataques políticos debido a las elecciones, insinuando que cualquier crítica en su contra responde a intereses partidarios. No obstante, la verdadera preocupación de la ciudadanía es la inacción en casos de alto impacto y la falta de independencia en la lucha contra la corrupción.
Mientras Zelaya promete no retroceder, la realidad muestra un Ministerio Público que avanza con lentitud en los casos de gran relevancia y que, en lugar de ofrecer respuestas contundentes, recurre a la retórica política para esquivar su responsabilidad.
