Entre promesas repetidas y avances estancados
Tegucigalpa, Honduras – A tan solo cuatro días del vencimiento del Memorándum de Entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno hondureño solicitó una quinta prórroga para continuar con el proceso de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), la que ha sido, desde 2021, la promesa estrella del Partido Libertad y Refundación (Libre).
La petición fue formalizada el miércoles 11 de junio mediante una nota enviada por el canciller Efraín Bú Soto al Subsecretario General Miroslav Jenča, del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU.
Esta nueva extensión, de ser aprobada, llevaría la vigencia del acuerdo hasta el 15 de diciembre de 2025.
Una promesa de campaña que sobrevive a base de prórrogas
El gobierno de Xiomara Castro firmó el primer memorándum con la ONU el 15 de diciembre de 2022 y, desde entonces, ha solicitado cinco extensiones consecutivas.
La CICIH ha sido presentada reiteradamente como la herramienta clave para combatir la corrupción estructural, sin embargo, los avances concretos siguen siendo mínimos y la ciudadanía comienza a manifestar signos de frustración ante lo que consideran un proyecto atrapado entre el burocratismo diplomático y la falta de voluntad política interna.
El canciller Bú Soto pidió “paciencia” al pueblo hondureño y justificó el retraso con el ejemplo de Guatemala, donde la instalación de la CICIG tardó cuatro años. “Nosotros aún no llegamos a ese tiempo”, argumentó.
La agenda pendiente en el Congreso
La misiva enviada por el gobierno a la ONU incluye una lista de reformas legislativas consideradas fundamentales por el equipo técnico del organismo internacional para dar paso a la firma del acuerdo definitivo:
• Reforma al Código Procesal Penal para incorporar la figura del querellante autónomo.
• Derogación del Decreto 117-2019, que otorga inmunidad parlamentaria a los diputados.
• Interpretación constitucional del término “más altos funcionarios”.
• Reformas a la Ley de Municipalidades sobre responsabilidades de regidores y alcaldes.
Estas reformas continúan empantanadas en el Congreso Nacional, donde las tensiones entre oficialismo y oposición han impedido avances sustanciales, dejando el proceso en suspenso.
¿Voluntad real o discurso electoral?
Si bien el canciller insiste en que la presidenta Xiomara Castro mantiene el compromiso firme con la CICIH, la insistencia en solicitar prórrogas y trasladar la responsabilidad al Legislativo alimenta las críticas de sectores que acusan al gobierno de instrumentalizar el proyecto como un discurso electoral.
“Cada elección vuelve la CICIH a los discursos, pero no al país”, han señalado analistas. La oposición también ha denunciado que el Ejecutivo ha utilizado la figura de la CICIH como “una bandera para ocultar la falta de resultados en el combate real contra la corrupción”.
¿Y los ciudadanos?
Mientras se espera respuesta de la ONU, la sociedad civil hondureña observa con creciente escepticismo el proceso.
Organismos como el CNA y el COHEP han insistido en la necesidad de una comisión con autonomía real, sin subordinación política, y con la capacidad efectiva de judicializar casos de corrupción pública y privada.
A tres años y medio del inicio del gobierno de Libre, la CICIH sigue siendo una promesa en construcción, una moneda política en un escenario donde la corrupción, la impunidad y la desconfianza institucional continúan marcando el rumbo del país.
