Las Fuerzas Armadas y el gobierno han cerrado filas, en lo que parece un intento de deslindarse de responsabilidades y consolidar el respaldo mutuo.
El alto mando militar, encabezado por el general Roosevelt Hernández, ha dirigido sus críticas a las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall, acusándolas de ataques políticos y responsabilizándolas del caos electoral.
En una reunión en la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), los oficiales castrenses, en uniforme de combate, emitieron un comunicado donde se eximieron de cualquier culpa por las irregularidades del proceso, pese a que las Fuerzas Armadas tienen el mandato constitucional de custodiar y trasladar el material electoral.
Sin embargo, el informe militar no esclareció por qué las maletas electorales estuvieron sin resguardo, fueron transportadas fuera de los tiempos establecidos o quedaron en lugares no autorizados.
La falta de explicaciones solo ha aumentado la desconfianza en la ciudadanía, que esperó hasta la madrugada del 10 de marzo para ejercer su derecho al voto.
El gobierno, liderado por la presidenta Xiomara Castro, también ha jugado un papel clave en esta crisis. El domingo, en una reunión del Consejo de Ministros en una hacienda del Valle de Lepaguare, altos funcionarios reafirmaron su apoyo a Rixi Moncada, ministra de Defensa y virtual candidata del Partido Libre para las elecciones generales de noviembre.
En este encuentro, al que también asistió el general Hernández, los ministros acordaron trabajar en proyectos de infraestructura y subsidios, con el objetivo de garantizar la permanencia del partido oficialista en el poder.
Nunca antes en la historia reciente del país un Consejo de Ministros había priorizado abiertamente una estrategia electoral, fusionando las funciones de gobierno con la campaña política de un partido.
El clima de tensión no solo involucra al gobierno y las Fuerzas Armadas. El Ministerio Público (MP) ha citado a los consejeros del CNE como testigos en la investigación de los hechos del 9 de marzo, una decisión que algunos analistas consideran una maniobra para presionar al ente electoral.
Por otro lado, el Congreso Nacional ha reaccionado repentinamente con reuniones de urgencia para discutir la crisis electoral. A la par, la sociedad civil, liderada por organizaciones como la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), ha pedido protección para las consejeras López y Hall, denunciando que hay una clara estrategia para desestabilizar la institucionalidad democrática.
El conflicto postelectoral ha dejado a Honduras en un escenario de incertidumbre. Mientras las Fuerzas Armadas y el gobierno refuerzan su alianza, las instituciones democráticas enfrentan ataques y presiones.
La ciudadanía, en medio del caos, sigue esperando transparencia y respuestas sobre lo que realmente ocurrió el 9 de marzo, cuando la democracia hondureña se vio amenazada por el desorden y la falta de garantías en el proceso electoral.
