En una maniobra política que desnuda la debil institucional de Honduras, el presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, consumó la instalación de la Comisión Permanente, un órgano que —si bien está previsto en la Constitución— fue conformado bajo circunstancias y procedimientos que violan el espíritu de la ley, la práctica parlamentaria y el principio de separación de poderes.
La resolución, firmada el 31 de octubre y vigente desde el 1 de noviembre de 2025, marca un nuevo capítulo en la crisis política que asfixia al poder Legislativo y, por extensión, a la democracia hondureña.
La autoconvocatoria opositora, que buscaba sesionar para evitar precisamente esta movida, fue ignorada con frialdad. La decisión de Redondo no solo impuso su autoridad sobre la voluntad del pleno, sino que reafirmó el control político del oficialismo sobre una institución que debería ser el contrapeso del Ejecutivo.
La Constitución de la República, en su artículo 207, faculta la existencia de una Comisión Permanente únicamente durante los recesos legislativos y con el aval del pleno, cuya integración debe reflejar la pluralidad política del Congreso.
Pero aquí radica el problema: no hay receso formal declarado, y el pleno nunca deliberó ni votó la conformación de la comisión. Lo que Redondo presentó como una acción “en cumplimiento de la ley” es, en realidad, un acto unilateral de interpretación interesada, que transforma una disposición excepcional en un instrumento de poder absoluto.
Más grave aún, el artículo 193 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que el pleno del Congreso es el único órgano soberano para aprobar decisiones de esta naturaleza. La Junta Directiva —por más jerarquía administrativa que posea— no tiene potestad para sustituir la voluntad del pleno, mucho menos para autoerigirse en “comisión permanente” sin la participación de las demás bancadas.
En otras palabras, Redondo se colocó por encima del Congreso mismo, algo que la Constitución hondureña no solo no permite, sino que prohíbe de forma explícita.
La reacción opositora no tardó. Diputados del Partido Nacional, Liberal y del mismo PSH calificaron la medida de “golpe parlamentario”, denunciando que se ha roto la legalidad interna del Congreso.
El diputado Carlos Umaña fue contundente: “Los delitos de traición a la patria no prescriben y pronto lo pagarán”. Detrás de sus palabras, hay un eco de frustración ciudadana ante un sistema donde las reglas parecen cambiar al ritmo de las conveniencias políticas.
El trasfondo es más profundo: la instalación de esta comisión no es un simple trámite burocrático, sino una estrategia de blindaje político que permite al oficialismo mantener el control legislativo durante un período de tensión preelectoral.
En vez de servir como puente institucional, la Comisión Permanente —tal como ha sido constituida— se convierte en una herramienta para silenciar al pleno, excluir a la oposición y prolongar decisiones bajo un manto de aparente legalidad.
El Congreso Nacional debía ser el espacio del debate, el equilibrio y la transparencia. Hoy parece reducido a un escenario donde el reglamento es maleable, la ley es interpretativa y el poder se ejerce sin contrapesos.
Luis Redondo puede haberse “salido con la suya”, pero a costa de debilitar la confianza pública en las instituciones y erosionar el orden democrático.
