Honduras – La fallida licitación nacional de medicamentos ha encendido las alarmas en el país, no solo por su impacto inmediato en el acceso a tratamientos esenciales, sino también por las graves señales de ineficiencia y riesgo de corrupción que acompañan el proceso. Así lo advirtió la especialista en salud de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Blanca Munguía, quien catalogó el episodio como “triste, terrible e inaceptable”.
Según Munguía, el proceso licitatorio debería haber adjudicado al menos el 95% de los ítems previstos para garantizar el abastecimiento adecuado en el sistema de salud pública. Sin embargo, ocurrió lo contrario: múltiples ofertas fueron descalificadas por temas formales, incluso de proveedores que ya tienen contratos vigentes con la Secretaría de Salud.
Para la experta, este tipo de errores evidencia “la ineficiencia en la gestión pública” y “una incapacidad preocupante” para resolver problemas fundamentales que afectan directamente a la población enferma.
La consecuencia inmediata de este fracaso será la activación de compras directas, un mecanismo históricamente asociado a sobreprecios y corrupción.
Munguía advirtió que los mismos proveedores que fueron descalificados en el proceso de licitación pública serán los que venderán ahora, pero a precios considerablemente más altos, exponiendo al Estado —y al dinero de los contribuyentes— a prácticas opacas y riesgos de corrupción.
“Hay que estar atentos”, enfatizó Munguía, “porque la compra directa no solo eleva los precios de los medicamentos, sino que además ya ha dejado un legado de casos de corrupción documentados en el país”.
El panorama no es alentador. De no acelerarse y transparentarse los mecanismos de contratación, los pacientes seguirán siendo los más perjudicados, enfrentando desabastecimiento, postergación de tratamientos y la persistente amenaza de una red de intereses que se lucra a expensas de la salud pública.
