El expresidente Juan Orlando Hernández, durante su audiencia preliminar el jueves, expresó preocupaciones y denuncias significativas. Hernández mencionó que su familia está enfrentando amenazas de muerte y destacó que no se le había informado previamente sobre estas amenazas por parte de los fiscales.
En un giro sorprendente, solicitó un defensor público, expresando su insatisfacción con la representación legal actual.
Además, reveló que la persona que lo refirió a su abogado actual, Raymon Colon, afirmó que la DEA lo reclutó para infiltrarse en su defensa, agregando un elemento más a la complejidad del caso.
Durante la audiencia, Hernández también subrayó la necesidad de comunicarse con su abogado en Honduras y expresó la urgencia de citar testigos del mismo país. Su aparición en la audiencia, esposado y con barba, marcó un contraste con su imagen anterior.
El juez Kevin Castel, encargado del caso, admitió pruebas importantes, incluyendo “narcolibretas” que vinculan a Hernández con cifras específicas de cocaína.
Además, se admitieron comunicaciones electrónicas sobre cocaína con el sello “TH”, así como fotos del teléfono de Tony Hernández con ametralladoras, una de ellas con “JOH” inscrito.
La audiencia previa reveló tensiones y desafíos adicionales para Hernández, quien busca enfrentar las acusaciones que le imputan, incluyendo conspiración para la importación de cocaína y posesión de armas pesadas.
El juicio, programado para el 5 de febrero, podría tener implicaciones significativas para el expresidente, quien se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua si es declarado culpable.
En mayo de 2022, el expresidente se declaró no culpable de los cargos presentados en su contra. El juicio está programado para el 5 de febrero de 2023.
