Cuando el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Emergencia Vial y anunció la compra de 100 kits de maquinaria para igual número de alcaldías, el mensaje fue más profundo que una simple inversión en equipo pesado. Fue una señal política clara: el gobierno de Nasry Juan Asfura está apostando por la municipalización efectiva de los recursos y la ejecución territorial del desarrollo.
En la narrativa tradicional del poder centralizado, los fondos pasan por ministerios, diputados y estructuras intermedias que diluyen la responsabilidad y, muchas veces, la eficiencia. Esta vez, el diseño apunta en otra dirección.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, lo dejó claro: el proyecto fue concebido junto a Asfura hace más de un año y prioriza la entrega directa de maquinaria a las alcaldías, sin distinción partidaria.
El planteamiento es sencillo pero estructural: si los caminos urbanos, rurales y productivos son competencia municipal, entonces deben ser los alcaldes quienes tengan las herramientas para responder. No los diputados. No los gobernadores políticos. Los alcaldes.
La compra de maquinaria no es solo una medida operativa. Es una redefinición de poder. Durante décadas, muchas municipalidades han dependido de gestiones interminables ante el gobierno central para resolver problemas básicos como el mantenimiento de calles de terracería o la rehabilitación de caminos productivos.
Con estos 100 kits —en una primera fase— el Ejecutivo busca romper ese círculo. Dotar a las alcaldías de autonomía técnica es, en esencia, fortalecer la democracia local.
Asfura, conocido por su enfoque práctico en infraestructura, parece entender que el desgaste político de un gobierno no se mide únicamente en grandes proyectos nacionales, sino en la calle polvorienta que un vecino transita todos los días.
Zambrano aseguró que el beneficio alcanzará a alcaldías del Partido Liberal, Libre y Partido Nacional. Si esa premisa se cumple, la medida podría convertirse en uno de los ejercicios más concretos de descentralización sin color político en los últimos años.
La prueba no será el anuncio. Será la ejecución.
Porque descentralizar no es solo transferir maquinaria; es también exigir resultados, transparencia y capacidad administrativa. Si los alcaldes asumen el reto con responsabilidad, la medida podría marcar un antes y un después en la relación entre el Ejecutivo y los gobiernos locales.
No hay que ser ingenuos: fortalecer a los alcaldes también fortalece el tejido territorial del poder. Pero, en este caso, el cálculo político puede coincidir con el interés público.
Un país con municipios fuertes es un país más equilibrado. Y en una Honduras donde la red vial terciaria define el acceso a salud, educación y comercio, entregar herramientas a quienes están más cerca del ciudadano no parece una apuesta descabellada.
“Papi cumplirá con su descentralización”, dicen sus seguidores. La frase, más allá del tono coloquial, encierra una expectativa nacional.
Ahora el desafío será convertir los discursos en calles transitables, caminos productivos rehabilitados y comunidades conectadas. Si la maquinaria llega, si se usa bien y si se fiscaliza correctamente, esta política podría consolidarse como uno de los pilares estructurales del nuevo gobierno.
