Honduras atraviesa una de las coyunturas más delicadas desde el retorno a la democracia. La creación de una Comisión Permanente en el Congreso Nacional —instaurada por la directiva presidida por Luis Redondo, afín al partido Libertad y Refundación (Libre)— y la reciente convocatoria de la candidata oficialista Rixi Moncada a una movilización “sin retorno” en Tegucigalpa, configuran un escenario alarmante: un intento de concentración total del poder en manos del oficialismo bajo el discurso de “defender la democracia”.
Nada más contradictorio. Porque no se defiende la democracia debilitando las instituciones. La maniobra en el Congreso, ejecutada al margen de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, representa un abuso del reglamento parlamentario y un golpe a la independencia de poderes.
Libre ha tomado el control del Ejecutivo, del Ministerio Público, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; y ahora, con esta Comisión, pretende someter al Congreso Nacional, dejando sin equilibrio al sistema republicano.
El único obstáculo que no han podido dominar —al menos hasta ahora— es el Consejo Nacional Electoral (CNE). Allí, la consejera Cossette López, representante del Partido Nacional, se ha convertido en una barrera institucional contra el avance hegemónico del oficialismo.
Su firmeza y su rechazo a las pretensiones de manipular los procesos técnicos de transmisión de resultados la han convertido en el nuevo blanco de ataques, amenazas e intimidaciones.
Esa estrategia no es nueva ni aislada. Libre parece tomar lecciones del manual político de sus aliados ideológicos en la región, donde la concentración del poder, la descalificación de la prensa y la cooptación de los organismos electorales son pasos hacia la consolidación del autoritarismo.
Las sombras de Venezuela, Cuba y Nicaragua se proyectan sobre la política hondureña con inquietante similitud: discursos de “soberanía” y “refundación” que en realidad encubren la erosión de la institucionalidad democrática.
El llamado de Rixi Moncada a llenar las calles de Tegucigalpa con colectivos de Libre, bajo la consigna de defender el voto, es en realidad una advertencia de fuerza: la sustitución del debate por la presión, del consenso por la agitación, del ciudadano por la masa partidaria. Se invoca la defensa de la transparencia, pero se practica la confrontación y el miedo.
La realidad es clara: Libre se siente acorralado por la pérdida del respaldo popular. El descontento social crece ante la falta de empleo, la inseguridad, el colapso hospitalario, el abandono de las carreteras y los escándalos de corrupción que cercan al gobierno. Hoy, quienes aún los defienden lo hacen más por temor a perder su trabajo que por convicción ideológica.
Frente a esa deriva, el poder del pueblo hondureño no está en las calles ni en los discursos refundacionales: está en las urnas. Votar masivamente el 30 de noviembre será el único acto verdaderamente cívico y pacífico capaz de poner límites a la ambición de perpetuarse en el poder.
No votar, en cambio, sería entregar el país a la manipulación de quienes han demostrado que no tienen reparo en vulnerar la ley con tal de conservar privilegios.
Honduras no necesita refundación. Necesita restauración moral e institucional. Y eso solo lo puede lograr un pueblo que no teme, que no se deja intimidar y que entiende que la democracia no se defiende con consignas… sino con el voto consciente y valiente.
El país está ante una decisión histórica: o se rescata la República, o se entierra la democracia. Hoy, más que nunca, es ahora o nunca.
