En el fragor de la campaña política, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, ha revivido un viejo fantasma que agita la política hondureña: la denuncia pública de que “diez familias controlan el país”.
No es una acusación menor. Es una narrativa que busca confrontar el modelo económico vigente, polarizar el debate y movilizar al electorado popular. Pero, ¿quiénes son estas familias, qué poder real tienen y qué consecuencias podría traer esta confrontación?
Según informes de organismos como ERIC y Oxfam, y de investigaciones periodísticas, las familias señaladas concentran buena parte del poder económico, mediático y político en Honduras. No son invisibles: son las caras conocidas del éxito empresarial nacional.
Entre ellas figuran:
• Atala – Grupo Ficohsa (banca, seguros, finanzas)
• Goldstein – Grupo Atlántida (banca, agroindustria)
• Kafati – Grupo Intur (restaurantes, turismo)
• Canahuati – Grupo OPSA (medios de comunicación)
• Nasser – Grupo Terra (energía, infraestructura)
• Facussé Barjum – Palma africana, agroindustria
• Kattán – Lacthosa (industria láctea, bebidas)
• Amdani Bai – Grupo Karim’s (textiles, bienes raíces)
• Asfura Zablah – Construcción e inmobiliaria
• Botazzi – Varios sectores logísticos y portuarios
Estas familias no solo dirigen empresas claves en la economía nacional, sino que son pilares del empleo formal, aportan miles de millones de lempiras al fisco, y en muchos casos, generan estabilidad en regiones donde el Estado apenas alcanza.
¿Cuánto aportan realmente al país?
Más allá del discurso político, los datos muestran que estas corporaciones generan más de 50 mil empleos directos y al menos 150 mil indirectos, especialmente en sectores como maquila, banca, industria alimentaria y medios de comunicación.
• Grupo Karim’s emplea más de 15,000 personas.
• Lacthosa mantiene unos 2,700 empleos directos.
• Grupo Terra, Ficohsa e Intur manejan nóminas extensas, además de impulsar inversión extranjera y local.
• Las industrias agrícolas vinculadas a los Facussé y Botazzi sostienen economías rurales enteras en zonas como Colón y el Aguán.
Además, muchas de estas empresas son los mayores contribuyentes del país, aunque también han sido señaladas por recibir exoneraciones y privilegios fiscales.
Riesgos de una confrontación sin estrategia
La narrativa de confrontación que impulsa Rixi Moncada puede conectar con una base ciudadana que exige justicia social y equidad tributaria. Sin embargo, si no se plantea con una visión técnica y equilibrada, los efectos pueden ser contraproducentes:
• Fuga de capitales y desaceleración de la inversión privada.
• Congelamiento de nuevas contrataciones ante un ambiente de incertidumbre.
• Polarización social y empresarial, que puede frenar reformas urgentes por falta de diálogo.
• Debilitamiento de la institucionalidad, si las acciones se ejecutan sin el debido marco legal.
No se trata de defender privilegios. Se trata de reconocer que la economía hondureña no puede reformarse a gritos, ni avanzará si se enfrenta a quienes generan empleo sin una estrategia de reemplazo sólida y progresiva.
¿Reforma o revancha?
En una Honduras golpeada por la pobreza, la desigualdad y la evasión fiscal, el debate sobre el poder económico es inevitable.
Pero la solución no está en señalar familias, sino en construir un modelo fiscal justo, eficiente y sostenible, donde todos –ricos y pobres– cumplan su parte.
Rixi Moncada tiene la oportunidad de transformar ese discurso en una propuesta seria. Pero si convierte la crítica en persecución, podría desatar una tormenta que el país no está en condiciones de resistir.
