En medio del debate migratorio que marca la agenda política estadounidense, una nueva propuesta bipartidista conocida como la Ley Dignidad ha despertado el interés de millones de migrantes indocumentados, incluidos miles de hondureños que residen en los Estados Unidos.
Presentada por la congresista republicana María Elvira Salazar y la demócrata Verónica Escobar, la iniciativa legislativa busca ofrecer una solución humanitaria y legal a personas que han vivido por años en territorio estadounidense sin documentos, pero que han contribuido activamente a la economía y a sus comunidades.
La Ley contempla un estatus legal temporal de siete años para los migrantes que hayan ingresado antes del 2021, carezcan de antecedentes penales y se comprometan a pagar una restitución económica de 7,000 dólares.
Durante ese periodo, los beneficiarios podrán trabajar, viajar legalmente y permanecer sin riesgo de deportación. Sin embargo, no tendrán acceso a beneficios federales ni se les permitirá aplicar a la ciudadanía mientras estén bajo este programa.
“Este proyecto busca equilibrar el respeto a la ley con la dignidad de quienes han aportado a esta nación desde las sombras”, expresó la congresista Salazar en conferencia de prensa.
Además, la propuesta incluye un enfoque integral que contempla refuerzo de la seguridad fronteriza, la creación de “campus humanitarios” para solicitantes de asilo, el uso obligatorio de E-Verify para empleadores, y sanciones más severas para quienes crucen ilegalmente.
Si bien no se ha definido un número exacto de beneficiarios por nacionalidad, miles de hondureños podrían calificar si cumplen los requisitos establecidos. Esto incluye a padres de familia, trabajadores agrícolas, empleados del hogar y jóvenes que llegaron desde pequeños y no calificaron a otros programas como DACA.
Organizaciones de migrantes en EE. UU. han visto con buenos ojos la propuesta, pero también piden que no se convierta en otra promesa vacía en un Congreso que ha fracasado por décadas en aprobar una reforma migratoria integral.
Aunque ha sido calificada como un esfuerzo “realista y equilibrado”, sectores más conservadores la consideran una “amnistía disfrazada” y algunos grupos proinmigrantes lamentan que no incluya una vía directa hacia la residencia o ciudadanía.
En el caso hondureño, abogados migratorios señalan que el programa no cubriría a personas con antecedentes penales menores ni a quienes no puedan pagar el monto exigido, lo que dejaría por fuera a una porción importante de la comunidad indocumentada.
Mientras tanto, en ciudades como Houston, Nueva York, Los Ángeles y Miami, la comunidad hondureña sigue con atención el curso de la propuesta, que aún debe superar el difícil camino de aprobación en la Cámara de Representantes y el Senado de EE. UU.
