La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, lanzó una acusación de alto impacto contra el régimen de Nicolás Maduro, al que calificó como “líder narcoterrorista” y responsable de pagar a autoridades y redes criminales en Honduras, Guatemala y México para utilizar su espacio aéreo como parte de un “puente aéreo” destinado al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
En una entrevista concedida a la cadena Fox News, Bondi aseguró que el gobierno de Maduro no es legítimo y actúa “como una mafia” en coordinación con cárteles como el Tren de Aragua, el de Sinaloa y otras organizaciones criminales.
Según sus declaraciones, el régimen venezolano estaría intercambiando dinero por sobornos para garantizar el libre tránsito de aeronaves con droga, así como acceso a puertos y puntos estratégicos para facilitar su entrada a Estados Unidos y otros mercados.
La fiscal fue más allá al afirmar que la cocaína enviada por Maduro estaría mezclada con fentanilo, una combinación que, según las autoridades sanitarias estadounidenses, está causando un número creciente de muertes por sobredosis en ese país.
“Él y sus asociados están llenando nuestro país con cocaína, como parte de un complot contra Estados Unidos”, denunció Bondi, quien confirmó que el gobierno norteamericano ha duplicado la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro a 50 millones de dólares.
La acusación de Bondi coloca nuevamente a Honduras en el centro de la geopolítica del narcotráfico, no solo como país de tránsito, sino como presunto corredor aéreo pactado con estructuras criminales internacionales.
Expertos en seguridad advierten que este tipo de señalamientos puede derivar en presiones diplomáticas y exigencias de mayor cooperación por parte de Washington.
Un analista en crimen organizado consultado por este medio señaló que si las afirmaciones son ciertas, implicarían complicidad a nivel institucional y el uso sistemático de rutas seguras para aeronaves ilegales, algo que no ocurre sin la participación de redes locales con poder territorial y político.
“Esto no es solo un tema de narcotráfico: es un fenómeno que mezcla corrupción estatal, crimen transnacional y debilidad en el control aéreo y marítimo”, enfatizó.
Las declaraciones de Bondi se suman a las del secretario de Estado Marco Rubio, quien afirmó que las recompensas no son suficientes y que “habrá que enfrentarse a esta gente con algo más que recompensas”, reiterando que Maduro no es un presidente legítimo sino un jefe de cartel narcoterrorista.
El cerco financiero y judicial contra el mandatario venezolano ya ha llevado a la confiscación de bienes por más de 700 millones de dólares, incluyendo aviones ejecutivos, propiedades en Florida y República Dominicana, joyas y efectivo.
