TEGUCIGALPA, Honduras. Las principales organizaciones magisteriales del país anunciaron este sábado una jornada nacional de asambleas informativas y movilizaciones pacíficas para este lunes 9 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, como medida de presión para exigir el respeto a los derechos laborales, la estabilidad en los nombramientos y el cumplimiento del Estatuto del Docente Hondureño.

La convocatoria fue realizada de manera conjunta por el Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros, el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, el Colegio de Pedagogos de Honduras y el Sindicato Profesional de Docentes de Honduras, que llamaron a sus bases a participar de forma organizada y pacífica en todas las Direcciones Departamentales de Educación del país.
Según los entes gremiales, la movilización tiene como objetivos centrales defender la estabilidad laboral del magisterio, exigir que los nombramientos se realicen conforme a la ley, rechazar cualquier acción que vulnere los derechos adquiridos y fortalecer la unidad gremial frente a lo que consideran amenazas directas al Estatuto del Docente.
Entre los reclamos más sensibles figura el pago puntual de salarios, una demanda que, de acuerdo con los dirigentes, afecta directamente la subsistencia de miles de docentes y sus familias. A ello se suma la exigencia de un reajuste salarial pendiente y la atención de una deuda histórica arrastrada desde 2011.
El coordinador nacional del Frente de Dignidad del COPEMH, Wilmer Laínez, afirmó que el magisterio exige el cumplimiento de derechos largamente postergados. “La base magisterial exige su pago a tiempo y el respeto al reajuste salarial que lleva más de una década pendiente”, señaló.
Laínez también cuestionó el papel de antiguas dirigencias magisteriales, a las que acusó de haberse distanciado de las bases y de haber actuado en sintonía con gobiernos anteriores, permitiendo prácticas de persecución contra docentes.

En particular, denunció que decisiones tomadas en gestiones pasadas vulneraron los procedimientos legales establecidos en el Estatuto del Docente y su reglamento, derivando en suspensiones salariales, procesos administrativos y destituciones.
No obstante, el dirigente llamó a la prudencia al recordar que el actual gobierno apenas inicia su período legislativo, por lo que consideró necesario abordar los conflictos con madurez, sin renunciar a la defensa legítima de los derechos del magisterio.


