Tegucigalpa, Honduras – Miles de hondureños podrían quedar sin salario, sin acceso a servicios básicos y con proyectos municipales paralizados, tras la decisión política del Gobierno Central de no ejecutar las transferencias municipales completas a cientos de alcaldías del país, principalmente las administradas por partidos de oposición.
El anuncio inicial de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), mediante el comunicado DCI-045-2025, establecía que a partir del 17 de octubre se realizaría el desembolso de 1,186 millones de lempiras correspondientes a los primeros tres trimestres del año.
Sin embargo, a última hora se giró una nueva instrucción interna que detuvo el pago a un número considerable de municipalidades.
La medida ha dejado en crisis a numerosos gobiernos locales que, según denunciaron, no han recibido ni un solo trimestre durante todo el año 2025. Esta situación afecta directamente el funcionamiento de las alcaldías, el pago de salarios, y la ejecución de proyectos sociales, de infraestructura y de mitigación ambiental.
“Esta no es solo una decisión administrativa, es una acción política que golpea directamente a los trabajadores municipales y a las comunidades que dependen de los programas locales”, señaló la Asociación de Alcaldes Nacionalistas de Honduras, presidida por el licenciado Juan Carlos Molina Puerto, alcalde de Olanchito.
En un comunicado emitido el 15 de octubre, la asociación calificó la situación como una “asfixia política” contra los municipios de oposición y exigió que las transferencias sean acreditadas en el tiempo programado por ley.
Por su parte, la Secretaría de Finanzas sostiene que las transferencias comenzaron a ejecutarse conforme a la disponibilidad financiera del Estado y que el proceso se realiza bajo criterios de transparencia. El documento oficial firmado por el secretario de Estado Christian Duarte detalla que el monto total se distribuiría en tres fechas —17, 24 y 31 de octubre— y que entre 2022 y 2025 se habrían transferido más de 29,527 millones de lempiras, una cifra récord según el Gobierno.
Sin embargo, alcaldes y dirigentes municipales aseguran que la distribución no ha sido equitativa, ya que los desembolsos estarían beneficiando únicamente a municipios afines al partido oficialista.
En municipios rurales y urbanos de todo el país, centenares de empleados municipales no han recibido su salario durante meses, mientras que obras públicas, proyectos de agua potable y programas sociales permanecen suspendidos.
“Por esta decisión política, hay familias que no tienen qué comer, madres que no pueden comprar los medicamentos de sus hijos y comunidades enteras con proyectos abandonados”, expresó Molina Puerto Alcalde de Olanchito.
El descontento crece entre los gobiernos locales y los ciudadanos que ven cómo las promesas de descentralización y apoyo a las comunidades se diluyen en medio de tensiones partidarias.
Mientras tanto, las asociaciones de alcaldes anuncian que continuarán presionando al Gobierno Central para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Municipalidades, particularmente en el artículo 91, que garantiza las transferencias como un derecho financiero de los gobiernos locales.
