Tegucigalpa, Honduras. Las declaraciones del cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga durante su homilía dominical, en las que denunció la falta de medicamentos en los hospitales públicos y criticó el deterioro del sistema de seguridad en Honduras, generaron reacciones inmediatas —y visiblemente incómodas— por parte de dos altos funcionarios del gobierno.
La primera en responder fue la ministra de Salud, Carla Paredes, quien negó rotundamente la denuncia del prelado y lo instó públicamente a visitar los hospitales del país para comprobar que, según ella, sí cuentan con medicamentos.
“Tendría que ir y ver los hospitales públicos y darse cuenta que sí están abastecidos”, afirmó Paredes, en tono crítico. Pero fue más allá, al reprochar al cardenal su falta de acción en el pasado. “Yo le digo al cardenal: ¿cómo puede hablar él de construcción, si desde el 2009 tenía que haber construido el hospital católico y allí lo tiene?”, sentenció.
A los señalamientos de la ministra se sumó la respuesta del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien también se mostró molesto y sorprendido por las palabras del cardenal. “Tengo entendido que está retirado, pero al parecer siempre sigue brindando homilías. Se sigue involucrando en la situación política del país”, comentó ante la prensa.
Sánchez, además, acusó al cardenal de haber avalado el golpe de Estado de 2009, tildándolo como “representante de la clase conservadora”, en un discurso que mezcló lo religioso con lo ideológico. Al ser cuestionado sobre los señalamientos de violencia y criminalidad que el cardenal mencionó en su mensaje, el ministro defendió su gestión asegurando que “hay muchos sectores inconformes por lo que estamos haciendo”.
“Yo no invierto como antes, Nosotros estamos avanzando, pero hay quienes no toleran el cambio”, remarcó.
Las declaraciones del cardenal Rodríguez, quien lamentó en su homilía que el país siga sin medicinas, con hospitales en ruinas y escuelas deterioradas mientras “nos quieren vender la idea de que vamos bien”, tocaron una fibra sensible en la administración de la presidenta Xiomara Castro.
Lo que ha seguido es un cruce de declaraciones que refleja no solo la tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica, sino también la profunda polarización que atraviesa la sociedad hondureña. En un país donde los niveles de pobreza, criminalidad y deterioro institucional siguen siendo parte de la agenda diaria, el debate público se ha reducido a descalificaciones personales, mientras los problemas estructurales continúan sin resolverse.
La ciudadanía, mientras tanto, observa con escepticismo cómo los actores políticos y religiosos se enfrentan en los micrófonos, pero los hospitales siguen esperando insumos, las comunidades seguridad y las aulas rehabilitación.
