La Ceiba, Atlántida – La controversia crece en torno a un decreto del Poder Ejecutivo que, según la denuncia del movimiento cívico Por Nuestros Hijos, impone la lectura obligatoria del libro “El Golpe 28-J” en los centros educativos públicos del país.
Este grupo de padres de familia y profesionales, encabezados por la abogada Dania Muñoz, exige la inmediata derogación del decreto que consideran un intento de adoctrinamiento político en la educación básica.
“La información que estamos compartiendo no es malintencionada. El decreto existe, fue aprobado en Consejo de Ministros, y establece claramente que se debe incorporar el libro de manera obligatoria en la enseñanza nacional”, afirmó Muñoz en conferencia de prensa.
“No basta con que el Ministerio de Educación o cualquier otra instancia emita comunicados; si se aprobó con un decreto, debe derogarse con otro decreto. Así funcionan las leyes”, subrayó.
Según el movimiento, el PCM ordena que el libro sea introducido desde el nivel básico, lo cual implica que niños de seis años tendrían que leer una obra que ofrece una narrativa específica sobre los acontecimientos del 28 de junio de 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya fue derrocado.
“Nuestros hijos están siendo expuestos a una versión única, parcial y con fuerte carga ideológica. Esto es adoctrinamiento al estilo de regímenes totalitarios”, advirtió Muñoz.
El grupo sostiene que esta decisión viola la libertad de cátedra, consagrada en el artículo 155 de la Constitución de la República, y representa un uso político del sistema educativo. “Con esta medida, el gobierno está enviando un mensaje muy negativo: que quien llega al poder puede imponer lo que se le antoje como verdad absoluta, incluso en la mente de los niños”, denunció la abogada.
La organización Por Nuestros Hijos pidió que si se desea reforzar la formación cívica, se incluya la lectura de la Constitución de la República, no la de libros con posturas políticas polarizantes. “Nuestros hijos necesitan aprender a leer, a sumar, a razonar, no a repetir discursos ideológicos disfrazados de historia oficial”, enfatizó Muñoz.
Por su parte, el gobierno aún no ha emitido una respuesta formal sobre las exigencias de derogación, aunque funcionarios del Ministerio de Educación han intentado suavizar la polémica señalando que el contenido del libro “será parte de un enfoque pedagógico más amplio”. No obstante, el movimiento insiste: “No aceptaremos imposiciones ideológicas. La educación no puede ser rehén de la política partidaria”.
