Tegucigalpa, Honduras — El Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada Contra los Delitos Electorales (UECDE), ha presentado un requerimiento fiscal por la contratación fraudulenta de una empresa de transporte para el traslado del material electoral, que habría defraudado al Estado hondureño por un monto superior a 64 millones de lempiras.
La acusación recae sobre Joel Ramos García, excoordinador del Proyecto Transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como sobre Raúl Amílcar Rivera Montoya, Dennis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo y José Martín Pastrana Sánchez, miembros de la Comisión Evaluadora, quienes son señalados como responsables de fraude, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones.
El Ministerio Público también ha acusado a Carlos Salomón Fonseca Robles, representante legal de la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., por suponerlo responsable del delito de fraude.
Las investigaciones revelan un patrón de negligencia y posible colusión. La empresa favorecida no contaba con una flota vehicular registrada, ni con la capacidad técnica ni la idoneidad requeridas para asumir una operación tan delicada como el transporte del material electoral.
A pesar de estos vacíos, la Comisión Evaluadora aprobó su contratación, firmando el contrato el 7 de marzo de 2025, apenas dos días antes de las elecciones, y excediendo en más de 21 millones de lempiras el presupuesto establecido.
El uso de buses de pasajeros, algo que ni siquiera estaba contemplado en los pliegos de condiciones, puso en riesgo la seguridad e integridad del material electoral, y por ende, la legitimidad del propio proceso democrático.
Además, se documentó que la empresa sólo contaba con 10 cabezales y dos camiones, información que fue falsamente encubierta con un informe técnico donde los evaluadores aseguraban que se habían cumplido todos los requisitos.
