La reciente decisión del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de eliminar la exención fiscal a las iglesias y gravar con hasta un 30% los diezmos y ofrendas ha generado un intenso debate en Nicaragua y la región. Esta medida, inédita en la historia tributaria del país, se enmarca en un paquete de reformas fiscales que han modificado sustancialmente el tratamiento de las organizaciones sin fines de lucro.
Hasta agosto de 2023, la Ley de Concertación Tributaria eximía del pago de impuestos a las instituciones religiosas. Sin embargo, con la reforma, las iglesias quedan sujetas al régimen tributario general, aplicando una escala impositiva que varía entre el 10% y el 30% sobre sus ingresos anuales declarados.
¿Recaudación o control político?
Si bien el gobierno justifica la medida como parte de un ajuste fiscal necesario, sectores críticos y líderes religiosos la interpretan como una estrategia de represión y control. Las iglesias, especialmente la católica, han sido una voz disidente en Nicaragua, denunciando violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento de la democracia bajo el régimen de Ortega.
La medida no solo afecta las finanzas de las iglesias, sino que también podría limitar su labor social y comunitaria, reduciendo la capacidad de asistencia a sectores vulnerables.
Un precedente en la región
Este nuevo impuesto podría sentar un precedente en América Latina, donde la exención fiscal a las iglesias ha sido una norma histórica. Sin embargo, su implementación en Nicaragua deja dudas sobre si realmente responde a una necesidad económica o si es un nuevo mecanismo de presión contra los sectores que se oponen al gobierno.
Mientras tanto, la comunidad religiosa y la sociedad civil observan con preocupación cómo esta reforma podría redibujar las relaciones entre el Estado y las instituciones de fe, en un país donde la religión ha jugado un papel crucial en la vida social y política.
