La reciente advertencia de la Policía Nacional de Honduras, en la que informa que tomará registros fotográficos y audiovisuales de los participantes en protestas para “deducir responsabilidades” legales, ha encendido las alarmas entre organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general.
Lo que se presenta como un comunicado oficial para “prevenir bloqueos” y “garantizar el derecho a la libre circulación”, se percibe por muchos como una clara amenaza contra el derecho a la protesta pacífica.
En un país donde históricamente se ha luchado por las libertades civiles, la decisión de vigilar, documentar e identificar con fines punitivos a quienes se manifiestan, representa un retroceso alarmante.
Si bien la ley prohíbe obstruir vías públicas, también la Constitución protege el derecho a la movilización, la expresión y la resistencia popular ante la injusticia.
La reacción de la reconocida dirigente garífuna Miriam Miranda fue contundente. Afirmó que “ni con la narcodictadura se amenazó abiertamente a la población” de esta manera. Su denuncia no es exagerada: lo que está en juego no es solo el uso de cámaras, sino el uso del miedo como herramienta de control social. ¿Desde cuándo exigir derechos se convirtió en un delito fotografiable?
Resulta paradójico que un gobierno que llegó al poder enarbolando las banderas de la resistencia, hoy pretenda neutralizarla. La amenaza de judicializar la protesta mediante la vigilancia masiva no construye orden, sino desconfianza, y convierte el reclamo ciudadano en un riesgo legal.
Detrás de esta medida se esconde un mensaje implícito: “No protestes, o serás fichado”. Pero la historia ha demostrado que cuando se reprime el derecho a expresarse, la indignación no desaparece; se transforma en resistencia más fuerte, más organizada, más decidida.
Honduras no necesita más silencios impuestos, necesita escuchar las voces del pueblo, especialmente en tiempos donde la frustración social crece al ritmo de la crisis económica, el desempleo y la impunidad. La represión no es solución, es gasolina en una llama encendida.
“No se trata de promover el caos ni de permitir bloqueos indefinidos, se trata de respetar el equilibrio democrático entre el orden público y la protesta legítima” enfatizan ciudadanos en redes tras este polémico anuncio.
“Las cámaras no deben usarse para intimidar, sino para garantizar transparencia en ambos lados” destacan personas indignadas.
“La democracia no se construye persiguiendo a quienes alzan la voz, sino atendiendo las causas que los obligan a gritar. Hoy más que nunca, es momento de defender el derecho a reclamar, a disentir y a exigir un país mejor, sin temor a ser fotografiados como criminales” y los mensajes continúan en redes te hondureños molestos e indignados con esta decisión.
