En una escena digna de una novela de espionaje mal escrita, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, ha decidido cambiar el tradicional uniforme verde olivo por un sombrero de detective estilo Sherlock Holmes y una lupa, para lanzarse —con toda la institucionalidad castrense— a su nueva misión: “perfilar” periodistas incómodos.
Eso sí, según él, “solo de manera informal”, como si espiar fuera más aceptable si se hace sin sello oficial.
En un discurso que parecía más monólogo de villano de caricatura que comparecencia militar, el general lamentó que algunos periodistas no sean “ejemplo de moral y ética” y, sin titubear, sacó los trapitos al sol: les recordó a los comunicadores que él y sus muchachos les han hecho “favores personales”.
Un verdadero acto de nobleza patriótica… siempre y cuando se les devuelva en forma de silencio y sumisión.
Para adornar su ofensiva, colgó en la portada del periódico digital de las Fuerzas Armadas la fotografía de tres periodistas —Juan Carlos Sierra, Dagoberto Rodríguez y Rodrigo Wong Arévalo— como si se tratara de los “más buscados” del periodismo subversivo.
El titular, más digno de tabloide que de institución seria, los tildaba de “sicarios de la verdad”. Aparentemente, en los pasillos militares ya no se estudia estrategia ni defensa, sino redacción de titulares incendiarios.
Después del incendio mediático, el general intentó apagar las llamas con un vaso de agua tibia. Aseguró que no está en contra de la prensa, pero advirtió que “les asiste el derecho” de proceder legalmente contra los críticos, especialmente aquellos que “se esconden en la institucionalidad jurídica del gremio”.
O sea, si usted es periodista y ejerce su derecho a opinar, prepárese: podrían venir por usted con una citatoria en una mano y la Constitución rasgada en la otra.
Las reacciones no se hicieron esperar. Organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, condenaron el uso de fondos públicos para hostigar, denigrar y exponer físicamente a periodistas, recordando que el uniforme militar no otorga licencia para pisotear derechos fundamentales.
De hecho, la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el sentido común (aunque este último esté ausente últimamente en algunos cuarteles), prohíben ese tipo de abusos.
Pero más allá de la retórica marcial, lo preocupante es el mensaje implícito: cuestionar es traicionar, informar es atacar, investigar es subversión. En tiempos donde se necesita más transparencia, la institución armada decide empañar los lentes de la democracia con el humo de la intimidación.
Quizá lo próximo sea que instalen trincheras frente a las redacciones o pidan credenciales de “periodista sumiso aprobado por el alto mando”. Pero hasta que eso ocurra, el periodismo libre seguirá escribiendo, investigando y denunciando, incluso bajo el lente de vigilancia de un general que parece más preocupado por el qué dirán, que por defender la institucionalidad democrática.
Porque si los que empuñan las armas temen a los que empuñan la pluma, entonces la tinta sigue siendo más poderosa.
