El fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar inconstitucional las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs) ha generado repercusiones en distintos ámbitos, y según el abogado German Licona, esta decisión podría desatar una persecución política a gran escala.
Licona argumenta que la oposición política podría enfrentar acusaciones por el delito de traición a la patria como resultado del fallo.
El abogado penalista sostiene que la anulación de las ZEDEs no solo afecta al panorama político interno, sino que también tiene implicaciones en el plano internacional.
En particular, señala que la empresa Próspera, una de las principales promotoras de las ZEDEs, cuenta con “argumentos sólidos” para triunfar en las demandas que ha interpuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Esta entidad se encarga de resolver disputas entre inversionistas y Estados, y la empresa buscaría una compensación tras la derogación de la normativa que daba vida a las ZEDEs.
“Con la declaratoria de inconstitucionalidad de las ZEDEs, se avecina una persecución política a gran escala en contra de la oposición por el delito de traición a la patria. Además, Próspera tiene los argumentos sólidos para ganar en el CIADI. Así de caliente está esto”, advirtió Licona.
El fallo de la CSJ, emitido el pasado viernes, anuló los Decretos 236-2012 y 120-2013, que reformaban artículos claves de la Constitución hondureña (294, 303 y 329).
Estos artículos, conocidos como pétreos, no pueden ser modificados porque son considerados esenciales para la estructura jurídica del país, lo que fundamentó la decisión del Supremo de anular las reformas.
La controversia en torno a las ZEDEs, inicialmente concebidas como zonas económicas especiales para atraer inversión extranjera, ha escalado, generando tensiones en el ámbito político y abriendo la puerta a disputas legales a nivel internacional.
La resolución de estas demandas ante el CIADI podría tener un impacto significativo en la economía hondureña, ya que el país enfrentaría posibles indemnizaciones millonarias.
