La captura del general en retiro Romeo Vásquez Velásquez y dos altos oficiales militares ha encendido el debate sobre la imparcialidad del sistema de justicia en Honduras. El caso, vinculado al trágico asesinato de Isis Obed Murillo durante las manifestaciones de 2009, parece más un acto político que un proceso judicial sólido y justo.
El Ministerio Público, que en su momento declaró extraviado el expediente forense de Murillo, ahora asegura contar con pruebas contundentes. Sin embargo, los mismos juristas y analistas que han seguido este proceso señalan inconsistencias y falta de evidencia clara.
La percepción general es que esta acción judicial busca amedrentar a los opositores del gobierno y enviar un mensaje fuerte: cualquier disidencia será castigada.
Pero mientras la justicia avanza con velocidad en casos como el de Vásquez Velásquez, otros, de gravedad comprobada, permanecen estancados. El video filtrado que muestra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, negociando fondos millonarios con narcotraficantes, es una de las pruebas más claras de corrupción de alto nivel. Y, sin embargo, Zelaya sigue sin enfrentar cargos.
Esta selectividad en la aplicación de la justicia revela un patrón preocupante: los enemigos del régimen son perseguidos, mientras que los aliados gozan de impunidad.
A esto se suma la tensión diplomática con Estados Unidos. La amenaza de la presidenta Castro de cerrar la base militar de Palmerola y la decisión de no renovar el tratado de extradición son medidas que, lejos de fortalecer la soberanía, podrían debilitar la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. Estas decisiones parecen más alineadas con intereses políticos internos que con una estrategia nacional de seguridad.
El gobierno también ha incumplido su promesa de instalar la CICIH, un compromiso clave para combatir la corrupción. Mientras tanto, sectores políticos y sociales continúan esperando que se tomen medidas concretas para frenar el saqueo de recursos públicos y la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado.
La justicia debe ser ciega, no selectiva. La lucha contra la corrupción y la criminalidad no puede ser utilizada como herramienta política para perseguir a adversarios.
Si Honduras aspira a ser una nación democrática y justa, sus líderes deben garantizar que las leyes se apliquen por igual a todos, sin importar si son amigos o enemigos del gobierno de turno.
El pueblo hondureño merece una justicia imparcial, no un espectáculo de persecución política disfrazado de legalidad.
