Pobladores de Quimistán protestan contra represa El Tablón

Nacionales

Quimistán, Santa Bárbara — Con banderas de Honduras ondeando al viento, carteles y consignas firmes en defensa del territorio, miembros del Comité de Defensa de los Bienes Comunes de Quimistán y vecinos de San Marcos mantienen una toma pacífica sobre la carretera CA-4, a la altura del Puente Cañas, en rechazo al proyecto hidroeléctrico El Tablón.

Desde tempranas horas de este dia, los manifestantes han bloqueado parcialmente el paso vehicular como medida de presión ante lo que consideran una amenaza directa a sus comunidades.

Según sus denuncias, la construcción de la represa implicaría la inundación de varias aldeas del valle de Quimistán, lo que provocaría el desplazamiento forzado de al menos 2,150 personas, así como la destrucción de ecosistemas locales y tierras agrícolas.

“Nos movilizamos para defender lo que es nuestro: Quimistán y San Marcos, la tierra, el agua, la vida”, expresó Luis Alejandro Arita, miembro del Comité de Defensa. Aseguró que el proyecto ha sido impulsado sin una debida socialización ni consulta previa con las comunidades, violando principios fundamentales de participación ciudadana y respeto a los derechos humanos.

Tras un acuerdo, se permitió el paso únicamente a vehículos livianos y motocicletas, mientras se mantiene cerrado el tránsito para unidades pesadas.

Las pancartas que portan los manifestantes, con mensajes como “¡No al despojo!”, “¡Sí a la vida!” y “El territorio se defiende con el corazón y con unidad”, reflejan la indignación de comunidades enteras que se sienten ignorada por las autoridades gubernamentales.

El Comité de Defensa hizo un llamado urgente a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a los medios de comunicación, para que visibilicen la situación. “No estamos en contra del desarrollo”, aclaró Arita, “pero sí nos oponemos a los proyectos impuestos que violentan nuestros derechos y amenazan con borrar nuestras comunidades del mapa”.

La toma continuará de forma indefinida mientras el gobierno no abra un canal de diálogo transparente con las comunidades afectadas.

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