Tocoa, Colón. — Una nueva crisis política vive la municipalidad de Tocoa, luego de que el alcalde Adán Fúnez, del Partido Libertad y Refundación (Libre), separara de sus funciones a seis regidores municipales que se negaron a aprobar un presupuesto de 13 millones de lempiras propuesto por la administración local.
El hecho ha generado una ola de críticas y burlas en redes sociales, luego de que en la lista de los supuestos destituidos figurara incluso el nombre del ya fallecido regidor Juan López (Q.D.D.G.), situación que los sectores locales califican como una muestra del desorden administrativo y político en la corporación municipal.
Cuatro de los regidores afectados denunciaron públicamente que son víctimas de un intento de remoción arbitraria, tras negarse a aprobar el presupuesto millonario que —según aseguran— el alcalde pretende utilizar con fines de propaganda política y no para proyectos de beneficio social.
“Esto es un abuso de autoridad, quieren silenciar a la oposición. Nos negamos a aprobar esos fondos porque no representan las verdaderas necesidades del pueblo”, manifestaron los regidores a medios locales.
Los funcionarios detallaron que los 13 millones de lempiras serían destinados, según la propuesta municipal, a actividades de promoción y obras sin justificación técnica clara, mientras persisten problemas de agua potable, calles en mal estado y recolección de desechos en la ciudad.
Por su parte, el alcalde Adán Fúnez argumentó que la separación de los regidores se debe a que no asistieron a tres sesiones consecutivas de corporación municipal, lo que, según el edil, justifica su destitución conforme al reglamento interno.
Sin embargo, los regidores disidentes señalan que el proceso es discriminatorio y selectivo, ya que otros tres miembros del cabildo —Dayana Pineda, Gaby Nájera y Boris Reyes—, quienes han respaldado las iniciativas del alcalde, también se ausentaron de esas reuniones pero no fueron sancionados ni incluidos en la lista de remoción.
Con esta decisión, el cuerpo de regidores de Tocoa queda ahora integrado exclusivamente por funcionarios afines al alcalde, lo que ha despertado preocupación entre organizaciones civiles y sectores empresariales por la pérdida de pluralidad y contrapesos dentro del gobierno municipal.
Analistas locales advierten que la situación podría derivar en una crisis institucional, ya que los regidores suspendidos podrían acudir al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Ministerio Público para denunciar abuso de autoridad y manipulación política de los recursos públicos.
De acuerdo con la Ley de Municipalidades de Honduras, los miembros del Gobierno Municipal están conformados por el alcalde y los regidores, quienes comparten la responsabilidad de administrar los recursos y decisiones del municipio.
El Artículo 42 de dicha ley establece que ambos cargos forman parte del órgano de gobierno local, mientras que el Artículo 43 indica que el alcalde tiene la representación legal y administrativa de la municipalidad, pero no le confiere autoridad absoluta sobre las decisiones del pleno de regidores.
Asimismo, el Artículo 44 de la ley dispone que el alcalde presidirá las sesiones de corporación municipal, pero las decisiones relevantes —como sanciones, suspensiones o remociones de miembros— deben adoptarse por acuerdo del pleno y no de manera unilateral, garantizando el principio de pluralidad y autonomía municipal.
Hasta el momento, no existe un artículo que faculte al alcalde a separar directamente a regidores de sus funciones por inasistencia, sin que medie un proceso administrativo formal, dictamen jurídico o resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Por ello, expertos en derecho municipal consideran que la medida adoptada en Tocoa podría carecer de sustento legal y abrir la puerta a acciones de impugnación por abuso de autoridad o violación de la autonomía de los regidores.
