Las recientes disposiciones de compras directas autorizadas a la Secretaría de Defensa de Honduras, bajo la dirección de la ministra Rixi Moncada, han generado una intensa discusión en el ámbito político y social.
Con la publicación del acuerdo ejecutivo 190-2024 en el Diario Oficial La Gaceta, la presidenta Xiomara Castro otorga facultades a Moncada, quien también es precandidata presidencial del partido Libre, para realizar contrataciones directas destinadas a reforzar la seguridad nacional.
Sin embargo, la medida ha sido interpretada por algunos opositores como una posible puerta abierta a la discrecionalidad en el gasto público.
La reacción del precandidato del Partido Liberal, Jorge Cálix, refleja la desconfianza que algunos sectores tienen hacia esta iniciativa. Cálix cuestiona la oportunidad y transparencia del acuerdo, señalando que “es una carta abierta para robar”, y resaltando que Moncada, como precandidata oficialista, podría utilizar el poder de las contrataciones directas para fines políticos.
Según el diputado, la cercanía de Moncada con las elecciones internas de noviembre levanta dudas sobre la legitimidad de estas compras, especialmente considerando el alto costo y la rapidez con la que deben ejecutarse.
Ante estos cuestionamientos, la ministra Moncada emitió un comunicado explicando la urgencia de las adquisiciones, enmarcadas dentro del “Plan de Solución Contra el Crimen”, aprobado en junio.
Este plan, afirma el comunicado, busca dotar a las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) con tecnología y equipo avanzado para combatir el narcotráfico y otros delitos transnacionales, y así frenar el uso del país como puente para el tráfico de drogas.
Entre los proyectos se mencionan la instalación de radares, la reparación de aeronaves, la construcción de la pista aérea en Gracias a Dios, y la creación del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) para pandilleros de alta peligrosidad.
El comunicado de Moncada también apunta a las fallas en el equipamiento adquirido entre 2012 y 2022 bajo el régimen de la Tasa de Seguridad. Señala que, durante esos años, se ejecutaron más de 28 mil millones de lempiras mediante compras directas y secretas, las cuales dejaron como saldo radares y otros equipos en mal estado, una realidad que justifica, según Moncada, la urgencia de las nuevas compras directas.
La Secretaría de Defensa promete cumplir con principios de “legalidad, transparencia y rendición de cuentas”, y asegura que todas las adquisiciones serán realizadas bajo las leyes de transparencia.
Sin embargo, las críticas persisten, y dirigentes de oposición consideran que la cercanía entre Moncada y el poder ejecutivo crea un conflicto de interés. La controversia en torno a estas adquisiciones no solo se centra en el gasto sino en el contexto político que rodea a la ministra de Defensa, lo que mantiene el tema en el centro de la atención pública y refuerza el llamado a una supervisión estricta de las contrataciones en favor de la seguridad nacional y de los derechos de los ciudadanos.
