Tegucigalpa, Honduras — Una operación de alto impacto ejecutada en tres departamentos del país derivó en una fuerte controversia institucional, luego de que un juzgado en Olancho dejara en libertad a un sospechoso capturado con un arsenal de armas de guerra, decisión que fue duramente cuestionada por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
El imputado, identificado como José Paguada Gómez, fue beneficiado con medidas sustitutivas a la prisión, que incluyen la obligación de firmar semanalmente y el pago de una multa de 100 mil lempiras, pese a que durante su captura se le incautaron 36 armas de fuego, en su mayoría de uso prohibido y algunas equipadas con silenciadores.
El director de la DLCN, general Ramiro Muñoz, reaccionó con contundencia ante la resolución judicial. “Es un insulto para el pueblo hondureño que dejemos libre a alguien con este tipo de evidencia”, declaró visiblemente indignado, al tiempo que cuestionó el impacto de estas decisiones en la lucha contra el crimen organizado.
La captura de Paguada Gómez se produjo en el marco de una operación coordinada por el Ministerio Público y ejecutada en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso, la cual permitió el aseguramiento de 129 bienes inmuebles, entre 80 y 90 vehículos, 36 armas de fuego y 11 productos financieros, en acciones dirigidas a desarticular estructuras vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos.
Muñoz lamentó que el trabajo de fiscales, investigadores y agentes sea debilitado por resoluciones judiciales que, según afirmó, favorecen la impunidad. “¿Sabe lo que cuesta llevar a cabo una operación de esta magnitud para que en tres minutos alguien quede libre?”, cuestionó durante su intervención en el noticiero TN5.
El funcionario también señaló que, si bien los operadores de justicia pueden enfrentar presiones o amenazas, esto no debe traducirse en decisiones que comprometan el Estado de derecho. Incluso, sugirió que en casos de riesgo los procesos pueden ser trasladados a otras jurisdicciones para garantizar su correcta aplicación.
Además, advirtió sobre el mensaje que este tipo de resoluciones envía a las estructuras criminales, al tiempo que debilita la confianza ciudadana en las instituciones. “Si un fiscal no puede acusar y un juez no puede actuar, ¿cuándo vamos a corregir este problema?”, expresó.
El general reveló también que el imputado habría manifestado su intención de regresar a trabajar de manera normal en una gasolinera vinculada a bienes asegurados, lo que incrementa la preocupación de las autoridades.
Muñoz fue enfático en que la DLCN continuará ejecutando operaciones contra el crimen organizado y aseguró que no permitirán que este caso quede en la impunidad. “No aceptamos este tipo de cosas. Ya es suficiente. No podemos permitir tanta violación a la ley”, concluyó.
