La presidenta de la República, Xiomara Castro, ordenó este jueves que las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) queden a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) en cumplimiento de la Constitución y la Ley Electoral, con el fin de garantizar la seguridad, vigilancia y custodia del material electoral antes, durante y después de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
Sin embargo, el decreto presidencial introduce una nueva atribución no contemplada en la legislación vigente: el “aseguramiento de la transmisión y resguardo de las actas de resultados”, una función que la ley no confiere al cuerpo castrense.
Esta disposición ha generado controversia y rechazo entre sectores académicos, políticos y civiles, que advierten que dicha medida desnaturaliza el papel constitucional de las Fuerzas Armadas y abre la puerta a un posible intervencionismo militar en el proceso electoral.
La decisión presidencial coincide con una nota enviada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, al pleno del CNE, en la que propuso precisamente que las Fuerzas Armadas participaran en el aseguramiento de la transmisión de actas, argumentando motivos de seguridad nacional.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la mandataria explicó que la medida responde a la existencia de audios revelados por el Ministerio Público, los cuales —según dijo— evidenciarían una presunta conspiración criminal destinada a manipular el transporte del material electoral, interferir en la transmisión de resultados y alterar la voluntad popular.
“Que lo sepan todos: ningún acto dirigido a sabotear la transparencia electoral, violar la soberanía del pueblo o alterar la paz democrática será tolerado”, advirtió la presidenta Castro en su comunicado, enfatizando que las Fuerzas Armadas fueron formalmente notificadas sobre la situación.
Pese a la instrucción presidencial, la presidenta del CNE, Cossette López, y distintos organismos de observación democrática han manifestado su preocupación por el alcance de la medida, calificando de “inédita e inconstitucional” la asignación de tareas relacionadas con la transmisión de resultados, una competencia que corresponde exclusivamente a los órganos técnicos del ente electoral.
La orden fue emitida bajo la instrucción oficial de “Comuníquese y cúmplase”, dejando en manos del CNE y las Fuerzas Armadas la responsabilidad de resguardar la integridad del proceso electoral hasta la declaratoria final de los resultados.
