La Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA) obtuvo una importante resolución judicial después de que la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictara, por unanimidad, auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra los presuntos responsables de delitos cometidos en el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”, una de las áreas protegidas más emblemáticas y vulnerables del país.
La decisión judicial confirma la medida contra Mario Antonio Martínez Padilla, a quien se le atribuyen los delitos de explotación ilegal de recursos naturales y responsabilidad de funcionario o empleado público. La Corte ratificó además la prisión preventiva para Víctor Alfonso Romero Molina, José Santos Antúnez y Santos Didi Haylock Amaya, señalados por el delito de daños agravados.
El Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía” se extiende por los municipios de Tocoa, Bonito Oriental, Sabá y Trujillo, en el departamento de Colón, abarcando parte del corredor biológico que conecta la Sierra de Agalta con la costa norte hondureña. Es un territorio de alta riqueza hídrica y biológica, que abastece de agua a miles de familias del Valle del Aguán.
Según las investigaciones de la FEMA, el daño ambiental se localizó en la zona comprendida entre la aldea La Ceibita, jurisdicción de Tocoa, y el área montañosa hacia Bonito Oriental, donde se ejecutaba un proyecto minero que habría sobrepasado los límites del área autorizada.
Los técnicos constataron remoción de cobertura vegetal, apertura de caminos y alteración del cauce de pequeñas quebradas que desembocan en afluentes del río Aguán.
De acuerdo con el expediente, las afectaciones se produjeron fuera del perímetro autorizado para la empresa minera, es decir, en una zona de amortiguamiento del parque, donde no existían permisos otorgados por el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la única entidad competente para autorizar ese tipo de actividades conforme a la Ley de Municipalidades.
Las autoridades fiscales indicaron que los trabajos de corte, extracción y relleno no solo violaron la normativa ambiental, sino que comprometieron suelos de alta fragilidad ecológica, con riesgo de erosión y pérdida de fuentes de agua.
Desde el inicio del proceso, la FEMA insistió en que los imputados debían permanecer en prisión preventiva, debido a la gravedad del daño y al riesgo de obstaculización del proceso judicial. El ente acusador se opuso a la caución presentada por la defensa, argumentando que los delitos cometidos “afectan bienes irremplazables del Estado y de la sociedad”.
“Esta decisión fortalece la lucha contra la impunidad ambiental. La Fiscalía sustentó su solicitud con información técnica y científica recabada por personal especializado, respaldada por dictámenes forenses ambientales que demuestran la magnitud del impacto en el ecosistema del parque”, señaló una fuente del Ministerio Público.
El Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”, declarado área protegida en 2012, es considerado el pulmón del Valle del Aguán y una de las reservas más importantes de Honduras. Durante años, organizaciones ambientales han denunciado la presión de proyectos mineros y agrícolas ilegales que han ido destruyendo los ecosistemas que abastecen de agua a Tocoa, Sonaguera y Bonito Oriental.
de una lucha entre la codicia y la conservación.
