El gobierno del presidente Donald Trump ha introducido en el Congreso de Estados Unidos un ambicioso paquete fiscal que contempla, entre sus propuestas más polémicas, la imposición de un impuesto del 5 % sobre las remesas enviadas desde territorio estadounidense hacia otros países, medida que de aprobarse golpearía directamente a las economías más dependientes de estos envíos, como la de Honduras.
La propuesta aparece en el Subcapítulo C, Sección 4475 del proyecto de ley fiscal de 389 páginas que ya está siendo discutido por el Comité de Arbitrios de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana.
Según el documento, el impuesto sería aplicado al monto total enviado por los remitentes no ciudadanos ni nacionales estadounidenses, excluyendo de esta obligación a quienes acrediten dicha condición.
El texto establece que las empresas proveedoras de transferencias (remesadoras) serán responsables de recaudar el impuesto directamente al momento de la transacción y remitirlo trimestralmente al Tesoro de los Estados Unidos.
En caso de no cumplir con la retención, las empresas serían sancionadas con el pago completo del impuesto no recaudado.
Honduras: una economía en riesgo por el nuevo tributo
La medida representa un duro golpe para Honduras, uno de los países más vulnerables al impacto de las políticas migratorias y económicas de Estados Unidos.
Según cifras del Banco Central de Honduras (BCH), para el cierre de 2025 se estima que los hondureños en EE. UU. enviarán más de 10 mil millones de dólares en remesas, lo que implicaría que, de aplicarse este impuesto, los migrantes pagarían hasta 500 millones de dólares en tributos.
El impacto de esta medida sería devastador para miles de hogares hondureños. Las remesas constituyen más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y cerca del 80 % de ellas provienen exclusivamente desde Estados Unidos.
Reducir el flujo neto de remesas significaría menos ingresos para consumo, menos inversión en vivienda, salud, educación, pequeños negocios y menos dinamismo para la economía local.
Además, el impuesto afectaría directamente al nivel de vida de más de 1.7 millones de hondureños que dependen total o parcialmente de las remesas para subsistir. La mayoría de ellos habita en zonas rurales y urbanas con altos índices de pobreza, desempleo e inseguridad alimentaria.
Se presume que muchos remitentes optarían por reducir el monto enviado para compensar el impuesto, mientras otros buscarían alternativas informales para transferir dinero, lo que podría aumentar el uso de canales no regulados, con riesgo de lavado de activos y pérdida de control financiero.
¿Impuesto o política migratoria encubierta?
Más allá del componente fiscal, analistas coinciden en que la propuesta también refleja una estrategia migratoria encubierta, orientada a desincentivar la presencia y actividad económica de migrantes indocumentados en Estados Unidos, alineada con la retórica de Trump desde su primera campaña presidencial.
El proyecto establece que podrán ser exentos del tributo los remitentes verificados, es decir, aquellos que demuestren ser ciudadanos o nacionales estadounidenses.
Las empresas proveedoras deberán firmar convenios con el gobierno federal para validar dicha condición, lo que también representa una carga operativa adicional para el sistema de transferencias.
Un nuevo escenario financiero para los migrantes
De aprobarse esta reforma fiscal, las remesas pasarían a ser formalmente consideradas transacciones financieras sujetas a regulación tributaria, lo que modifica por completo el escenario operativo para los millones de migrantes que envían dinero a sus países de origen.
Aunque el proyecto ofrece a los remitentes nacionales la posibilidad de solicitar un crédito reembolsable del impuesto sobre la renta por lo pagado en concepto de remesas, esta opción no aplica a la gran mayoría de migrantes centroamericanos, quienes no poseen estatus legal para acceder a este tipo de beneficios.
