Tegucigalpa, Honduras | A menos de tres semanas de la toma de posesión del nuevo presidente y a 12 días de la instalación del próximo Congreso Nacional, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, y la bancada del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) aprobaron un decreto que busca revertir la declaratoria de resultados emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y exigir un reconteo voto por voto en los tres niveles electivos.
La medida fue aprobada durante una prolongada sesión extraordinaria celebrada con la participación mayoritaria de diputados propietarios y suplentes de Libre, acompañados por la diputada suplente liberal Mireya Guillén y el diputado del PAC Osman Chávez, luego de que legisladores de las bancadas Nacional y Liberal denunciaran que se les impidió el ingreso al hemiciclo.
El decreto, que deberá ser sancionado y publicado en La Gaceta para entrar en vigencia, instruye al CNE a realizar un reconteo total de actas supuestamente no contabilizadas: 306 a nivel presidencial, 2,620 en el nivel de diputados y 1,848 correspondientes a alcaldías. Además, establece que, de no ejecutarse el reconteo por parte del órgano electoral, el Congreso Nacional asumiría dicha tarea, así como la emisión de la declaratoria final de las elecciones.
La disposición legislativa también ordena a la Comisión Especial de Investigación del Congreso acudir al Ministerio Público para solicitar acción penal contra las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, por considerar que no agotaron el escrutinio completo en los tres niveles electorales. Asimismo, exige al CNE resolver todas las impugnaciones pendientes presentadas tras los comicios del 30 de noviembre.
La declaratoria oficial emitida por el CNE estableció como ganador de la elección presidencial a Nasry Asfura, del Partido Nacional, además de oficializar los resultados en los niveles legislativo y municipal. Dichos resultados han sido reconocidos por diversos actores nacionales e internacionales, en un proceso que culminará con la investidura presidencial el 27 de enero de 2026.
La aprobación del decreto se produjo tras la lectura de un extenso informe de la Comisión Especial de Investigación del Congreso, presentado por el diputado Ramón Barrios, en el que se cuestiona la legitimidad del proceso electoral y se sostiene que la declaratoria del CNE carece de base jurídica suficiente por no haberse agotado el escrutinio de todas las actas.
El informe señala presuntas irregularidades, entre ellas la supuesta ilegalidad de las sesiones virtuales del CNE, dudas sobre la autenticidad de firmas, cuestionamientos a la integración de un consejero suplente y deficiencias en la auditoría externa del sistema electoral.
También califica como “injerencia extranjera” mensajes publicados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales durante el proceso electoral.
Durante la sesión extraordinaria, varios diputados de Libre arremetieron contra el gobierno estadounidense y sostuvieron que los comicios estuvieron marcados por intimidación, coacción al voto y presiones económicas. No obstante, algunos legisladores del oficialismo reconocieron que su partido no ganó las elecciones, e incluso señalaron que, según sus propios recuentos, el vencedor habría sido el excandidato Salvador Nasralla.
La sesión se realizó sin la presencia de las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal y la mayoría del Partido Salvador de Honduras, así como sin figuras relevantes del propio Libre, entre ellas Xiomara Hortensia Zelaya, Rasel Tomé, Rafael Sarmiento y otros dirigentes legislativos.
Previo a la reunión, diputados opositores denunciaron que la seguridad del Congreso les impidió ingresar al recinto, mientras que en los bajos del Palacio Legislativo un grupo mayoritario de legisladores solicitó a las Fuerzas Armadas la captura de Redondo, en medio de un clima de creciente confrontación política.
