El ministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, presentó este viernes su renuncia irrevocable al cargo, tras el estallido de un escándalo político que lo vincula con el presunto uso indebido de fondos públicos para financiar actividades proselitistas del partido de gobierno Libertad y Refundación (Libre).
La renuncia fue confirmada durante una reunión de gabinete ampliado, celebrada esta noche, en medio de una creciente presión ciudadana, cuestionamientos de organizaciones de sociedad civil y la difusión de un video filtrado en el que Cardona conversa con la diputada Isis Cuéllar, vicepresidenta del Congreso Nacional, sobre la entrega de cheques y materiales valorados en millones de lempiras para supuestas “estructuras políticas” en el departamento de Copán.
El material audiovisual provocó un escándalo nacional, movilizando a la opinión pública y a medios de comunicación que recogieron testimonios y denuncias sobre el presunto uso de recursos del erario con fines electorales. Incluso, la presidenta Xiomara Castro ordenó a la Secretaría de Transparencia una investigación inmediata, la cual arrojó graves deficiencias administrativas en el manejo de fondos por parte de Sedesol.
Según el ministro de Transparencia, Sergio Coello, se detectaron irregularidades en la emisión de cheques, control interno, ejecución del gasto y la rendición de cuentas. Coello rindió un informe en cadena nacional donde aseguró que el fondo manejado por Sedesol asciende a 950 millones de lempiras, destinados originalmente a infraestructura menor, obras sociales y becas, pero con amplia discrecionalidad en su ejecución.
José Carlos Cardona, de 36 años y de formación como historiador, asumió la dirección de Sedesol tras militar activamente en la campaña de la presidenta Xiomara Castro. Su renuncia representa un fuerte golpe a la credibilidad del oficialismo, particularmente porque su esposa, Clara López, fue una de las diputadas más votadas en Francisco Morazán, también bajo la bandera de Libre.
Organizaciones anticorrupción han pedido al Ministerio Público y a los entes contralores del Estado una investigación profunda del manejo de fondos departamentales, los cuales, a pesar de haber sido supuestamente cancelados por el Congreso Nacional, continúan operando bajo el nuevo nombre de fondo de subvenciones, y son usados discrecionalmente por los legisladores.
El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en la administración pública y los mecanismos con los que se manejan los programas sociales. Analistas políticos afirman que este escándalo podría marcar un punto de inflexión en el discurso anticorrupción del actual gobierno, justo cuando se intensifica el clima electoral rumbo a 2026.
