Tegucigalpa. Honduras volvió a colocarse en el foco internacional por la inseguridad urbana, luego de que un listado difundido por Global Statistics ubicara a San Pedro Sula como la ciudad “más peligrosa” del mundo en 2026 y colocara a Tegucigalpa en el tercer puesto, detrás de Caracas.
El reporte —compartido en redes— señala que el ranking evalúa factores asociados a criminalidad e inseguridad y vuelve a posicionar a las dos principales ciudades del país en la conversación global sobre violencia y percepción de riesgo.
La publicación provocó reacciones inmediatas en el escenario político. La designada presidencial electa María Antonieta Mejía afirmó que sacar a Honduras de las listas de mayor peligrosidad “es una responsabilidad histórica” y vinculó el objetivo a instituciones fuertes, justicia efectiva y un Estado capaz de proteger a la población.
El listado aparece tras un período en el que Honduras había logrado salir de otro ranking ampliamente citado —el de las “ciudades más violentas” elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal— en el que San Pedro Sula y el Distrito Central dejaron de figurar en 2024, un paso que fue presentado entonces como señal de mejora.
Especialistas suelen advertir, sin embargo, que estos rankings no siempre miden lo mismo: algunos se basan en tasas de homicidios y otros incorporan percepción ciudadana o indicadores construidos a partir de fuentes diversas.
Plataformas como Numbeo, por ejemplo, publican índices de criminalidad basados en percepción y actualizados periódicamente, lo que puede arrojar resultados distintos a los de mediciones centradas en homicidios.
En Honduras, el debate ocurre en un contexto de políticas de seguridad que han incluido medidas extraordinarias en años recientes y persistencia de problemas como la extorsión.
Para el gobierno entrante, el desafío —más allá de la posición en una lista— es doble: reducir la violencia real en las calles y recuperar la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para investigar, juzgar y prevenir el delito, una presión que se intensifica cada vez que el país vuelve a aparecer en los rankings internacionales.
