Tegucigalpa, Honduras — A seis días del cierre oficial, el MP ha intervenido el Centro Logístico Electoral (CLE) del Consejo Nacional Electoral (CNE), en busca de evidencias sobre irregularidades que, según varios testimonios, pudieron poner en riesgo la transparencia del proceso.
Uno de los testimonios más impactantes proviene de Carlos Fonseca, empresario del transporte e imputado por el MP. Fonseca, visiblemente afectado, aseguró que su empresa solo puso las unidades a disposición, pero nunca tuvo control sobre las rutas, horarios o custodias.
“¿Dónde estaban los custodios y los militares?”, cuestionó. Señaló directamente al CNE y a las Fuerzas Armadas, responsables constitucionales de garantizar el traslado del material electoral.
La voz de los transportistas también ha comenzado a escucharse. Pablo Rodríguez, conductor de uno de los buses utilizados el 9M, narró con detalle cómo las maletas se cargaron de madrugada, y cómo pasaron horas estacionados en diferentes zonas de Tegucigalpa sin recibir instrucciones claras.
“Solo andaban dos militares para nueve buses. No teníamos ningún custodio con nosotros”, dijo durante una entrevista a HCH.
Relató que se desplazaron sin rumbo definido, estacionándose hasta por cuatro horas en lugares como la colonia El Hogar.
El caos llegó a tal punto que en una de las escuelas donde descargaron las maletas, llegó el MP a cuestionar el por qué lo hacían sin supervisión oficial. Todo el procedimiento, afirmó, fue improvisado.
El general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, también salió al paso. Admitió que el despliegue militar fue limitado y que, de haber tenido más tiempo, podrían haber cubierto adecuadamente los centros de votación. “Nosotros teníamos la misión de transportar las maletas, pero también debíamos garantizar la seguridad en los centros de votación”, expresó.
En paralelo, el también imputado Fonseca reveló que su socio en la empresa, Óscar Aguilera, es hermano de Bernardo Aguilera, empleado del CNE y presuntamente cercano a Marlon Ochoa, consejero del ente electoral.
“Esto es político”, aseguró Fonseca. Afirmó que su familia ha sido amenazada y que su empresa, con historial limpio en siete procesos anteriores, ahora es usada como chivo expiatorio.
Óscar Aguilera no negó sus vínculos con el Partido Libre. “Mi familia siempre fue liberal, pero después de 2009 nos volcamos al Partido Libre. No voy a negar mis raíces políticas, pero esto es un negocio”, dijo.
Rechazó cualquier injerencia en la asignación del contrato de transporte, el cual, según afirma, aún no ha sido pagado.
El general Hernández también criticó duramente a un periodista que, en transmisión en vivo, mostró una de las maletas en un bus. “Eso generó caos y una percepción negativa. Estamos analizando presentar una denuncia al MP”, expresó.
El exfiscal general Edmundo Orellana también se pronunció. En su análisis, concluyó que el CNE no impidió la llegada del material electoral, pero sí falló en la logística. “Grandes desafíos tiene el MP”, expresó.
A 23 días del 9M, las respuestas aún no están claras. Mientras las maletas electorales paseaban por la ciudad, los votantes esperaban. Hoy, la opinión pública exige no solo culpables, sino garantías. Porque la democracia no solo se mide por votos, sino por la transparencia con la que se protegen.
Cronología de los hechos – 9M
• Sábado 8 de marzo (medianoche): Maletas son cargadas en buses tipo rapidito en INFOP.
• 6:15 a.m.: Caravana sale sin custodios, escoltada por dos militares.
• 7:00–11:00 a.m.: Permanecen estacionados en distintos puntos sin descargar.
• 1:00 p.m.: Primeras maletas se descargan en escuela Vida Abundante.
• 3:00 p.m.: Intervención del MP.
• 6:00 p.m.: Buses son redistribuidos y se incorporan más custodios y militares.
El país aún espera una versión oficial, mientras la confianza ciudadana tambalea sobre una urna mal custodiada.
