Imagínese usted al general Roosbelth Hernandez —jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras— portando un anillo de seguridad digno de película de espías, acompañado de perros antiexplosivos, irrumpiendo en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar “una acta de nivel presidencial” como reza la Constitución… Solo que, spoiler: la Constitución no dice eso.
La Constitución lo establece claro
El artículo 272 de nuestra Carta Magna define a las Fuerzas Armadas como “una institución de carácter permanente y esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante… establecida para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el régimen de la Constitución, los principios del sufragio libre y la alternación en el ejercicio de la Presidencia de la República”.
En otras palabras: las FFAA son guardianas del sistema, no actrices directas en el conteo electoral ni adjudicadoras del resultado presidencial.
No hay mención alguna en la Constitución que les otorgue el derecho o la obligación de “recoger actas” y montar un “centro de operaciones” propio para definir quién gana.
El poder de cómputo y publicación de resultados recae en entes electorales civiles, y las FFAA deben abstenerse de deliberar, presionar o convertirse en árbitro político.
Y sin embargo, ahí está la escena: el general Hernández aparece en el CNE con un séquito digno de alto riesgo, demandando el acta. No dice “colaborar”, sino “tener nosotros también un conteo final del nivel presidencial”. La literalidad es inquietante: “Nosotros” implica al ejército en un papel que no le corresponde.
¿Y los perros antiexplosivos? ¿La pantalla de mando de operaciones? Escenografía perfecta para una película de conspiración electoral, pero profundamente problemática para una democracia que necesita claridad, no dramatismo militar.
Que las FFAA cooperen en logística electoral, yes; que aseguren urnas, transporte y protección, sí; lo que no es constitucional es que se conviertan en parte del conteo o del escrutinio. Esa línea está escrita: apolítica y no deliberante. La delgada frontera entre “garantía” y “actor” se difumina cuando un general pide resultados.
Además, al involucrarse de esta forma, el mensaje que se transmite es doble: primero, que el proceso electoral necesita vigilancia militar (lo cual debilita la autonomía civil); segundo, que el recuento ya no es solamente técnico, sino también estratégico, político.
Y en un país donde la credibilidad electoral ya está bajo presión —como muchos expertos señalan— este tipo de espectáculos no tranquilizan, alarman.
En un mundo paralelo cabría otro titular: “General Hernández exige que le entreguen las llaves del conteo, porque sí reza la Constitución”. Pero no estamos en un mundo paralelo: estamos en Honduras. Y cuando el uniforme acompaña a la exigencia del acta con la amenaza implícita, el escenario deja de ser académico y se vuelve político.
Seamos claros: si el CNE entrega el acta al ejército, estaremos ante un ruedo en el cual la transparencia cede espacio al simbolismo de poder. Y si no lo hace, el ejército lo exhibe como señal de que su vigilancia es necesaria. En ambos casos, la victoria del cliché supera a la victoria democrática.
Por el bien del país, el general Hernández debería dejar los perros antiexplosivos en el cuartel, regresar al mandato constitucional y colaborar como corresponde: garantizando condiciones, no contando votos. Y el CNE debe recordar que su independencia es no negociable.
La Constitución no necesita escenas de película ni anillos de seguridad para funcionar. Sólo exige que cada institución haga lo que debe, sin inventar papeles nuevos en el guion democrático. Y que, al final del 30 de noviembre, el triunfo sea de la ciudadanía, no del espectáculo.
