Washington guarda silencio ante amenaza de cierre de la base de Palmerola

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La relación entre Honduras y Estados Unidos se encuentra en una encrucijada tras la advertencia de la presidenta Xiomara Castro de cerrar la base militar estadounidense en Palmerola como respuesta a posibles deportaciones masivas de hondureños.

Sin embargo, Washington ha optado por el silencio, una postura que ha generado diversas interpretaciones y especulaciones en el ámbito político y mediático del país centroamericano.

Desde que la presidenta Castro lanzó su amenaza, la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, no ha emitido pronunciamientos públicos relevantes, limitándose a un mensaje navideño publicado el 20 de diciembre. Del mismo modo, el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, ha evitado referirse a la situación, centrándose en comentarios sobre designaciones de corrupción en la región.

Analistas locales consideran que la aparente indiferencia de Estados Unidos podría deberse a dos factores clave. En primer lugar, el tratado que permite la presencia de la base militar de Palmerola no puede ser anulado por decisión unilateral del Ejecutivo hondureño; requiere la aprobación del Congreso Nacional, donde el partido oficialista no cuenta con mayoría.

En segundo lugar, la relación bilateral se rige por marcos legales y acuerdos internacionales que Estados Unidos prefiere mantener sin generar confrontaciones innecesarias.

Este panorama diplomático se complica aún más con las recientes revelaciones sobre Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro, quien salió del país alegando motivos de salud. Su partida ha generado controversia tras la publicación de un video por parte de InsightCrime, que lo vincula con narcotraficantes durante la campaña presidencial de Castro en 2013.

Paralelamente, el Departamento de Estado estadounidense incluyó recientemente a varios funcionarios hondureños en una lista de personas señaladas por corrupción, entre ellos la magistrada Sonia Marlina Dubón y el exministro Ebal Díaz, lo que incrementa la presión sobre el gobierno de Castro.