Este martes, la carretera CA-5 en el sector del Durazno fue escenario de un tenso y violento desalojo por parte de la Policía Nacional, quienes confrontaron a un grupo de pacientes renales que llevaban más de ocho horas protestando. Los manifestantes, que se negaban a permitir el tránsito por los cuatro carriles, exigían la intervención directa de la Presidenta Xiomara Castro para resolver su situación.
El detonante de la protesta fue la decisión de trasladar la atención de los pacientes renales a otra empresa, una medida que los manifestantes rechazan vehementemente. Argumentan que la nueva empresa no garantiza el mismo nivel de atención y continuidad en sus tratamientos, fundamentales para su supervivencia.
Un grupo de antimotines fue desplegado en el área con la intención de despejar la vía. Sin embargo, la intervención se tornó violenta, generando enfrentamientos y altercados entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. La situación se agravó cuando camiones pesados, que habían estado varados durante horas, comenzaron a moverse rápidamente en un intento de avanzar, incrementando el riesgo de un grave accidente.
La protesta de los pacientes renales no solo destaca la desesperación y la necesidad urgente de soluciones en el sistema de salud, sino también la falta de comunicación y respuestas efectivas por parte del gobierno. Los manifestantes, con demandas legítimas, encontraron en las calles su único recurso para ser escuchados.
La intervención policial y la consiguiente violencia no lograron resolver el problema, sino que añadieron otra capa de tensión a una situación ya de por sí crítica. En medio del caos, una persona se desmayó, ilustrando aún más la vulnerabilidad de los pacientes y la urgencia de sus demandas.
