El Ministerio Público citará al párroco Carlos Orellana, tras sus recientes declaraciones en las que acusó al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, de ser el responsable del asesinato del ambientalista y regidor municipal, Juan López. El vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó este lunes que el sacerdote será llamado a comparecer ante los fiscales que investigan el crimen.
Carlos Orellana, párroco de la iglesia San Isidro en Tocoa, hizo fuertes acusaciones durante su homilía del fin de semana, señalando a Fúnez y sus “secuaces” de haber ordenado el asesinato de López. “Sabemos bien que lo asesinaron sicarios pagados a sueldo. La iglesia responsabiliza a Adán Fúnez y a sus secuaces, que cobardemente le han quitado la vida. Juan era una piedra en el zapato de la corporación municipal”, afirmó el sacerdote ante su congregación.
Estas declaraciones han captado la atención de las autoridades, quienes consideran al párroco una “persona de interés” en la investigación. “En su momento, los fiscales lo llamarán para que detalle qué sabe sobre este asesinato”, declaró Mora, quien también añadió que un equipo de fiscales, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya están en Tocoa recabando pruebas para esclarecer el crimen.
La comunidad de Tocoa, conocida por su lucha en defensa del medio ambiente, está conmocionada por el asesinato de Juan López, quien era reconocido por su trabajo en la defensa de los derechos ambientales. En el pasado, López había denunciado amenazas en su contra, incluyendo una denuncia colectiva por apología al odio.
Mora reiteró que el Ministerio Público está comprometido con la investigación y exhortó a cualquier persona que posea información relevante sobre el caso a presentarse ante el equipo de fiscales. “Es vital que quienes tengan datos que puedan esclarecer este crimen se acerquen y colaboren”, dijo.
El asesinato de López ha generado gran indignación en la zona, especialmente entre los defensores del medio ambiente, quienes ven este crimen como un atentado contra aquellos que luchan por los recursos naturales de la región. El Ministerio Público, junto con otras entidades, trabaja para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.
