Supremo de Honduras declara inconstitucionalidad de las ZEDEs y anula reformas constitucionales

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró esta tarde la inconstitucionalidad del Decreto 236-2012, que reformaba los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como del Decreto 120-2013, el cual contiene la Ley Orgánica de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs).

Según la sentencia, ambas reformas vulneraban artículos “pétreos” de la Constitución, lo que implica su nulidad desde el origen.

El portavoz de la Corte, Melvin Duarte, explicó que los artículos afectados son esenciales para la estructura del Estado. El artículo 294 aborda la organización territorial de la nación, el 303 se refiere al sistema judicial hondureño, y el 329 trata sobre el régimen económico nacional.

Al ser considerados pétreos, estos artículos no pueden ser modificados sin alterar los principios fundamentales de la Constitución.

La decisión se tomó tras un exhaustivo análisis, en el que los magistrados concluyeron que tanto la reforma constitucional como la creación de las ZEDEs violaban estos principios fundamentales.

“La nulidad se declara desde el origen, ya que las reformas partieron de una modificación inconstitucional de artículos pétreos”, explicó Duarte.

En la histórica sesión plenaria participaron 15 magistrados, incluyendo a la presidenta de la Corte, Rebeca Ráquel Obando, y varios magistrados que asistieron de forma virtual.

Los jueces de la Sala de lo Constitucional fueron sustituidos temporalmente para evitar conflicto de intereses, dado que ya se habían pronunciado previamente sobre el tema.

Este fallo representa un golpe decisivo contra las ZEDEs, un polémico proyecto económico que fue presentado como una estrategia para atraer inversión extranjera, pero que enfrentó críticas por su presunta violación a la soberanía nacional y al marco constitucional.

Tras emitir el fallo sobre las ZEDEs, el pleno de magistrados anunció un receso antes de retomar la sesión para analizar el Decreto de Amnistía de 2022, que liberó a varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya.