La reciente revelación del Ministerio Público sobre la existencia de planillas fantasmas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) vuelve a destapar una herida que parecía cicatrizar tras el escándalo de corrupción que golpeó al país hace casi una década. Esta vez, la trama parece repetirse: millones de lempiras destinados a la salud pública desviados a los bolsillos de unos pocos bajo el disfraz de sueldos para médicos inexistentes.
Según la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), la investigación está avanzada en un 90 % y pronto se presentará un requerimiento fiscal para procesar a los responsables del desfalco. Samuel Zelaya, miembro de la comisión interventora del IHSS, confirmó que 20 personas se hicieron pasar por médicos, drenando siete millones de lempiras a inicios de 2024.
Pero lo que más indigna es que este tipo de corrupción afecta directamente a los hondureños más vulnerables. ¿Cuántos pacientes han muerto esperando medicinas o tratamientos que nunca llegaron porque los fondos fueron robados? Mientras tanto, los responsables se esconden detrás de trámites burocráticos y negaciones públicas.
Aunque la ministra de Salud, Carla Paredes, se apresuró a aclarar que Ana Castro, hermana de la presidenta Xiomara Castro, no está vinculada en este caso, el daño ya está hecho. La ciudadanía vuelve a cuestionarse si las promesas de transparencia y justicia social eran reales o simples discursos políticos.
La historia de corrupción en el IHSS parece no tener fin. Cada capítulo expone nuevas formas de saqueo, y los responsables, como siempre, se benefician de un sistema que castiga a los pobres mientras protege a los poderosos.
¿Será esta vez diferente? ¿O simplemente veremos otro espectáculo mediático que se desvanecerá en la impunidad? El tiempo lo dirá, pero los hondureños ya están cansados de esperar justicia.
