La Ceiba, Atlántida — La llamada “Novia de Honduras” atraviesa uno de sus momentos más difíciles. No por desastres naturales ni por pandemias, sino por el cierre forzado de varios de sus negocios turísticos más emblemáticos, tras una operación contra el lavado de activos que, si bien busca aplicar justicia, deja un saldo amargo para cientos de familias ceibeñas que hoy están sin ingresos, sin respuestas y sin rumbo.
Empresas como Mazapán, Pollitos La Cumbre, La Palapa, The Garaje, Restaurante 0101, Wing Burguer y Carnes El Novillo, todas referentes del comercio, la gastronomía y el turismo en la ciudad, fueron allanadas por las autoridades y dejadas en incertidumbre total por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Hasta el momento, ni la institución ni el Ministerio Público han brindado información sobre el futuro operativo de estos negocios.
Este Lunes, los rostros de la crisis salieron a la calle. Cientos de empleados, muchos de ellos madres solteras y jefes de hogar, protestaron frente a los establecimientos con pancartas que leían: “Déjennos trabajar”, “La Ceiba sin empleos” y “No al cierre”. No era un reclamo político. Era una súplica social de un pueblo que vive del esfuerzo diario y de su economía local.
“Tenemos familias que mantener… lo único que pedimos es seguir trabajando”, dijo una de las manifestantes con voz quebrada. Como ella, más de 100 personas —de forma directa— han quedado en el limbo. Si sumamos empleos indirectos, proveedores, transportistas y emprendedores asociados a estas cadenas, la cifra de afectados podría multiplicarse fácilmente.
Y no se trata solo de números. La Ceiba ya venía sufriendo por la extorsión, el desempleo y el abandono estatal. Ahora, con estos cierres, el golpe es estructural: se paraliza el motor turístico, se frena la dinámica comercial y se debilita la confianza de posibles inversionistas en una ciudad que ya vive al filo de la desesperanza.
La lucha contra el lavado de activos es legítima y necesaria. Pero la justicia no puede ir divorciada de la sensibilidad social y del equilibrio económico. Si estos negocios pueden seguir operando bajo administración legal, ¿por qué mantenerlos cerrados sin dar explicaciones? ¿Por qué castigar al trabajador común mientras se resuelven procesos judiciales que podrían durar años?
La Ceiba no puede pagar con hambre la lucha contra el crimen. La solución debe ser integral: asegurar el cumplimiento de la ley, pero también garantizar el derecho al trabajo de los inocentes.
La OABI, el gobierno central y las autoridades locales deben dar la cara, definir con claridad el futuro de estos negocios y activar mecanismos que protejan los empleos y sostengan la economía local.
Porque mientras el Estado decide, las familias ceibeñas ya están perdiendo lo poco que les quedaba: su empleo, su estabilidad, su esperanza. La Ceiba no necesita más promesas. Necesita acción y humanidad.
