Tocoa, Colón – La histórica conflictividad agraria del Bajo Aguán vuelve a encender alarmas a nivel nacional. El Ministerio Público de Honduras, por medio de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), presentó un requerimiento fiscal contra 15 individuos señalados como miembros de la estructura criminal “Los Cachos”, acusados de provocar el desplazamiento forzado de más de 460 familias campesinas entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.
Según las autoridades, la mencionada banda delictiva habría operado con violencia en la zona, apoderándose por la fuerza de fincas legalmente asignadas a cooperativas campesinas.
Los delitos imputados incluyen desplazamiento forzado, privación ilegal de libertad, lesiones agravadas y asociación para delinquir, afectando directamente a organizaciones protegidas por la ley y la Constitución, como la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas del Aguán (COPA).
Las tierras en disputa, más de 1,800 hectáreas, cuentan con títulos de propiedad extendidos desde hace 30 años por el Instituto Nacional Agrario (INA).
No obstante, a pesar del respaldo legal, las familias han sido víctimas de amenazas, disparos, secuestros y torturas con el propósito de despojarlas de sus territorios.
El terror sembrado por el grupo armado ha dejado un saldo de heridos, viviendas y cultivos abandonados, y comunidades completas desplazadas. Solo entre las cooperativas Camarones, Tranvío y El Chile, se contabilizan al menos 468 familias forzadas a huir.
Como parte de la operación judicial, las autoridades lograron la captura de uno de los principales cabecillas del grupo criminal, identificado como Juan Carlos Lizama Escalante, lo que representa un avance en el proceso de justicia para las víctimas.
