Una controversia sacude al país luego de que el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, anunciara que el Poder Ejecutivo, por orden de la presidenta Xiomara Castro, prepara un proyecto de ley para indemnizar con fondos del Estado a los afectados por la estafa de la empresa Koriun Inversiones.
La medida, que será enviada al Congreso Nacional en los próximos días, busca brindar alivio económico a más de 35 mil personas que invirtieron en el esquema tipo Ponzi de Koriun, el cual colapsó el pasado 23 de abril, desatando una de las mayores crisis financieras de origen privado en la historia reciente del país.
“Como gobierno sensible a los reclamos e injusticias, se prepara un proyecto de ley para apoyar a los afectados por la empresa Koriun”, afirmó Sierra en conferencia de prensa, confirmando que los recursos saldrían del Presupuesto General de la República.
Rechazo desde múltiples sectores
La propuesta ha generado una fuerte oleada de críticas por parte de sectores empresariales, juristas, analistas financieros, organizaciones civiles y ciudadanos, quienes cuestionan la legalidad, el precedente y el uso de fondos públicos para cubrir una estafa de carácter privado.
El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, solicitó públicamente la renuncia de Marcio Sierra, señalando que la CNBS actuó con negligencia al no supervisar ni intervenir a tiempo las operaciones de Koriun.
“Solicitamos su renuncia ante la incapacidad del Estado. Esto es un arreglo fuera de ley que no debe pasar”, expresó.
Críticas desde el ámbito legal y constitucional
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos calificó como ilegal y populista cualquier intento de legislar el uso de dinero público para compensar a los inversionistas defraudados. Advirtió que los diputados que aprueben tal iniciativa podrían incurrir en delitos penales por malversación de fondos, al tiempo que subrayó que el artículo 321 de la Constitución prohíbe cumplir órdenes que violenten la ley.
“Esto sentaría un precedente peligroso. El Estado no puede hacerse cargo de fraudes cometidos por empresas no reguladas”, sostuvo.
ASJ advierte sobre malversación y lavado de activos
Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), fue aún más contundente. Afirmó que utilizar fondos públicos para pagar a quienes invirtieron en Koriun es un acto de malversación directa, además de un incentivo para futuras estafas similares.
“Esto no es una estafa común, es una inversión de alto riesgo. Legalizar el pago desde el Estado abre la puerta para que cualquier otro caso se quiera resolver con dinero público. Están romantizando una estafa que puede tener vínculos con lavado de activos”, advirtió Castañeda.
Silencio oficial y preguntas sin respuesta
Mientras tanto, el Ministerio Público guarda silencio frente a las críticas, aunque el exministro de Transparencia Edmundo Orellana lanzó fuertes cuestionamientos al accionar de la Fiscalía, sugiriendo que hubo conocimiento previo de operaciones ilícitas en Koriun.
“¿Por qué no se incautaron los 400 millones en efectivo? ¿Quién garantiza que ese dinero llegó realmente a las víctimas?”, se preguntó Orellana.
La iniciativa del Ejecutivo no solo ha desatado un debate legal y financiero, sino que también toma un matiz político en medio de un año preelectoral, donde muchas decisiones podrían estar influenciadas por el cálculo de capital político.
Por ahora, el proyecto de ley no ha sido oficialmente presentado al Congreso, pero el anuncio por parte del gobierno ya ha polarizado la opinión pública y puesto a prueba los límites entre justicia social, legalidad y responsabilidad fiscal.
