El Congreso Nacional de Honduras reanudó este miércoles el tercer debate sobre la esperada Ley Especial para la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), logrando la aprobación parcial de la normativa, pero sin incluir las reformas constitucionales esenciales que le otorgarían autonomía real a este mecanismo internacional.
La falta de consenso para alcanzar los 86 votos necesarios dejó la iniciativa a medio camino.
Uno de los puntos más críticos del debate fue la reforma al artículo 232 de la Constitución, propuesta por el presidente del Congreso, Luis Redondo, que buscaba abrir paso para que la CICIH ejerciera funciones como querellante autónomo junto al Ministerio Público.
Junto a ello, se intentó eliminar el fuero legislativo, una figura que históricamente ha servido como escudo contra investigaciones a diputados. Ambas reformas fracasaron al no alcanzar la mayoría calificada requerida.
Un rechazo con consecuencias
Un total de 48 congresistas se abstuvieron o votaron en contra, dejando en evidencia una falta de voluntad política para darle dientes reales a la CICIH. La bancada del Partido Libre votó a favor en su totalidad, así como la mayoría de diputados liberales.
Sin embargo, figuras clave como Iroska Elvir, Suyapa Figueroa, Maribel Espinoza y Mauricio Villeda se desmarcaron.
Por parte del Partido Nacional, únicamente el diputado Jorge Zelaya votó a favor. Tomás Zambrano, jefe de la bancada, no solo se opuso, sino que calificó la sesión como “un circo político” y acusó al oficialismo de usar la CICIH como una bandera populista sin genuina intención de combatir la corrupción.
Aunque se logró aprobar el tercer capítulo de la ley —que no requería mayoría calificada— la normativa queda debilitada al no contar con rango constitucional. Esto significa que la CICIH, aunque eventualmente sea instalada con apoyo de la ONU, no tendrá las atribuciones necesarias para presentar acusaciones como ente autónomo, debilitando su capacidad de impacto.
El diputado de Libre Ramón Barrios advirtió que lo aprobado no basta: “Se aprobó el cuerpo restante de la ley, pero sin el rango constitucional, la CICIH no tendrá dientes. El fuero legislativo sigue intacto, como un candado de impunidad heredado del pasado”.
¿Es viable una CICIH sin reformas?
Analistas coinciden en que una CICIH sin respaldo constitucional ni autonomía procesal podría convertirse en un mecanismo decorativo. Además, depender de la acreditación del Fiscal General —figura designada por acuerdos políticos— puede comprometer la independencia de sus investigaciones.
Por su parte, Redondo acusó a los diputados opositores de boicotear la lucha contra la corrupción y les advirtió que “serán castigados en las urnas”. Sin embargo, esa amenaza política no resuelve el problema institucional: sin poder real, la CICIH será un tigre sin garras.
El debate sobre la CICIH dejó claro que hay voluntad de discurso, pero no de acción estructural.
