Tegucigalpa, Honduras. – En Honduras, recuperar una tierra invadida puede tardar años. Años de litigio, de dilaciones judiciales, de cosechas perdidas y empleos que se evaporan mientras el expediente engorda en un escritorio. Con la aprobación esta semana de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, el Congreso Nacional pretende que ese proceso se resuelva en apenas dos días.
El pleno legislativo aprobó en su tercer y último debate la normativa, orientada a reforzar la seguridad jurídica de las tierras destinadas a la producción agroindustrial, garantizar el libre tránsito de productos agrícolas y obligar a las autoridades a actuar de manera inmediata ante invasiones, usurpaciones y bloqueos que afecten la actividad productiva.
La ley fue respaldada por las bancadas mayoritarias, aunque recibió votos en contra de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) y de algunos congresistas del Partido Liberal.
El diagnóstico que motivó la ley no deja margen a la duda sobre la magnitud del problema. Según datos oficiales, 84,056 manzanas de tierra permanecen invadidas en Honduras, distribuidas en ocho departamentos y 31 municipios, entre ellos Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Colón, Comayagua, Atlántida, Islas de la Bahía y Santa Bárbara.
Para recuperarlas, la nueva legislación establece un mecanismo expedito. Los propietarios afectados solo deberán acreditar la escritura pública e inscripción en el Instituto de la Propiedad, además de demostrar que eran los últimos poseedores legítimos antes de la invasión. Con eso, en 48 horas podría estar ejecutándose el desalojo en contraste con lo que ocurre hoy, cuando una orden judicial puede tardar años en cumplirse.
El abogado Ramiro Medina, quien participó en la elaboración del anteproyecto, precisó que esta realidad es particularmente grave en el departamento de Colón: hay propiedades productivas en esa zona que llevan hasta una década ocupadas sin que ninguna orden de desalojo se haya ejecutado.
El trasfondo económico de la ley es considerable. La agroindustria hondureña aporta alrededor de 6,500 millones de lempiras al Producto Interno Bruto del país. La normativa busca proteger cerca de 300,000 empleos vinculados a ese sector, afectado por invasiones en cultivos de palma africana, café, naranja y caña de azúcar.
La ley declara de interés, prioridad y protección nacional la actividad agroindustrial y prohíbe expresamente a cualquier autoridad administrativa reconocer, validar o tolerar ocupaciones materiales sobre tierras agroindustriales, incluso si se enmarcan en protestas sociales, conflictos colectivos o reclamos políticos.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, defendió la urgencia de la medida y apuntó directamente al gobierno anterior: sostuvo que la administración de Xiomara Castro mantuvo una política de tolerancia hacia estas ocupaciones ilegales al ordenar a la Policía Nacional y la Fiscalía que no actuaran ante denuncias o desalojos judiciales, lo que generó inseguridad jurídica, menos inversión y mayor desempleo en el campo.
La aprobación de la ley no ocurre en el vacío. Llega días después de que 20 personas fueran asesinadas en una finca de palma africana en la comunidad de Rigores, Colón, en un hecho que las autoridades vinculan al conflicto de tierras. Para organizaciones de derechos humanos, ese contexto hace la nueva normativa todavía más inquietante.
El activista Edy Tábora, codirector del Bufete de Justicia para los Pueblos, alertó sobre el riesgo de que esta ley recruzca la violencia en zonas críticas como el Bajo Aguán, escenario de un histórico litigio de tierras que acumula ya más de 200 muertes en las últimas décadas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras advirtió que la medida podría profundizar la criminalización de los conflictos sociales y alertó sobre posibles impactos negativos en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de comunidades campesinas, indígenas, garífunas y afrodescendientes.
Tábora señaló además que la ley instituye una cláusula de inafectabilidad que congelaría los procesos de regularización de tierras, y que protege predios agroindustriales incluso cuando no están siendo utilizados para la producción.
Lo que el Congreso aprobó esta semana no es solo una norma de procedimiento: es una toma de posición en uno de los conflictos más antiguos y sangrientos de Honduras. El sector agroindustrial la celebra como el instrumento que les faltaba para defender décadas de inversión. Las organizaciones campesinas la rechazan como una amenaza directa a sus territorios y a su forma de vida.
