Tegucigalpa – La renuncia del vicecanciller en Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio “Tony” García, ha detonado un nuevo capítulo en la ya tensa vida política del Gobierno de LIBRE.
El ministro de Energía y gerente de la ENEE, Erick Tejada, acusó públicamente al exfuncionario de haber utilizado su cargo para promover el tráfico de influencias y gestionar la aprobación de un contrato energético que, según Tejada, nunca entró en operación comercial.
Las declaraciones se producen apenas horas después de que García anunciara su salida del cargo, argumentando “diferencias irreconciliables” con el rumbo del Gobierno, cuestionando la política exterior hacia Venezuela y advirtiendo sobre una “crisis electoral artificial y sin precedentes”.
El señalamiento de Tejada abre una serie de interrogantes en el debate político: si García incurrió en irregularidades graves, por qué no se denunció antes, sobre todo considerando que el actual gobierno se ha presentado como abanderado de la lucha anticorrupción.
La omisión prolongada alimenta las sospechas de que las acusaciones emergen ahora más como represalia política que como un acto genuino de transparencia.
En el trasfondo, este enfrentamiento expone las grietas internas del oficialismo. Por un lado, García abandona el Gobierno con críticas a la gestión y advertencias sobre la deriva institucional; por otro, Tejada contraataca con un señalamiento que, de comprobarse, podría involucrar responsabilidades penales.
Sin embargo, el episodio también evidencia un patrón que ha marcado la política hondureña: las denuncias de corrupción muchas veces estallan solo cuando los vínculos políticos se rompen, lo que erosiona la credibilidad del discurso anticorrupción y deja la impresión de que las “lealtades” en la administración pública son más frágiles que las promesas de campaña.
