Hace apenas unos años, las enfermeras y enfermeros auxiliares de Honduras se convirtieron en un símbolo de esperanza y sacrificio. Durante la pandemia de COVID-19, cuando el miedo y la incertidumbre se adueñaban del país, ellas fueron la primera línea; expusieron su vida para proteger la nuestra y recibieron —con justicia— el reconocimiento de heroínas.
Hoy, paradójicamente, ese mismo personal de blanco es señalado, presionado y amenazado con audiencias de descargo y despidos por ejercer un derecho básico: la protesta sindical.
La administración actual, encabezada por el gobierno de LIBRE, ha enviado notificaciones y audiencias de descargo a las auxiliares de enfermería, aduciendo abandono de puestos de trabajo.
Pero este procedimiento, aunque pueda parecer legal en la superficie, es visto por muchos como una clara advertencia al derecho de huelga y una forma de intimidación al aforo sindical.
La pregunta es inevitable: ¿qué quedará del sindicalismo en Honduras si hoy se atropella a las de blanco?
El derecho a la organización sindical y a la huelga está protegido por la Constitución de la República y reforzado por convenios internacionales suscritos por Honduras, como el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización y el Convenio 98 sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva.
Estas normas reconocen que, tras una huelga, los trabajadores no deben ser objeto de represalias ni despidos por haber participado en acciones colectivas en defensa de sus derechos.
Sin embargo, hoy vemos a sindicalistas afines al gobierno justificar que se despida a sus propias compañeras alegando que la huelga es “ilegal” y que no tiene “asidero legal”. Esa narrativa erosiona uno de los pilares de cualquier democracia: la independencia del movimiento sindical frente al poder político.
Si se normaliza que un gobierno persiga o presione a los trabajadores organizados, mañana no habrá garantías para nadie.
Más allá de simpatías partidarias, este conflicto marca un precedente histórico. Criminalizar la protesta sindical en salud es abrir la puerta al desmantelamiento del sindicalismo en todo el país. Si hoy se debilita el derecho de huelga de las enfermeras, mañana se hará con los maestros, con los obreros, con cualquier gremio que alce la voz.
El país necesita diálogo, no amenazas; respeto al aforo sindical, no audiencias de descargo usadas como castigo. Defender a las “de blanco” no es solo respaldar a un gremio que salvó miles de vidas en pandemia; es proteger el derecho que tienen todos los trabajadores hondureños de organizarse, reclamar y negociar sin miedo a perder su sustento.
Este editorial no pretende encubrir irregularidades ni desconocer las obligaciones laborales. Pretende, sí, recordar al Gobierno y a la sociedad que las libertades sindicales son derechos fundamentales, no privilegios. Y que la grandeza de una democracia se mide, entre otras cosas, por cómo trata a quienes se atreven a cuestionar al poder.
